Miércoles 24 de Abril de 2024 Resistencia - Chaco
 
 
 
 
 
 
Consumo
El Gobierno imputó a 11 empresas de primera línea por desabastecimiento
Comercio Interior les abrió expedientes a las principales proveedoras de los supermercados. Las acusa de no producir al máximo. Sorpresa entre los empresarios ante la convocatoria al acuerdo de precios y salarios.

El Gobierno salió a jugar fuerte en el control de precios ante la próxima convocatoria a un acuerdo entre empresas y sindicatos. En un comunicado, la secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español informó que “imputó” por “desabastecimiento” a 11 compañías de consumo masivo de primera línea. Se trata de los principales proveedores de los supermercados, que también representan el grueso de la oferta de alimentos elaborados y productos de higiene y limpieza del hogar y personal del mercado.

Si bien el término empleado por la dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo es fuerte ya que habla de una “imputación”, en términos concretos es un llamado de atención, ya que el comunicado informa que estas empresas fueron intimadas a normalizar la situación en un plazo de 5 días hábiles y notificar de manera fehaciente a la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. No se informa sobre la aplicación de multas. Se trata de un procedimiento administrativo en el marco del programa de Precios Máximos.

El gobierno no incluyó en la acusación a los canales de distribución. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó luego de una reunión del Gabinete Económico que “el problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”. “La imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del gobierno que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó el jefe de la cartera productiva.

El comunicado difundido a la mañana sorprendió a los empresarios. Según constató Ámbito con directivos de las firmas acusadas, la medida generó preocupación en razón de que desde el sector dicen que no hubo una caída de la actividad.

Según dijo Paula Español, desde la dependencia a su cargo “se llevaron una serie de imputaciones contra empresas de consumo masivo por no producir a su máxima capacidad”. La funcionaria indicó que “en las últimas semanas encontramos faltantes en góndolas como aceites, aderezos, lácteos, pan lactal y detergentes, entre otros” y que a partir de allí no solo se hicieron inspecciones en los comercios sino también en las empresas proveedoras “para constatar que no hubiera problemas en la producción y abastecimiento”. El comunicado indica que las empresas fueron acusadas por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.

“Las empresas de este tipo no pueden reducir la actividad de un día para otro, porque tienen costos fijos que afrontar. Pero más allá de eso, por lo menos en nuestro caso mantenemos el nivel de producción igual que en los últimos meses ”, comentó un directivo de una de las firmas acusadas.

Las imputadas son Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. Comercio Interior señaló que todas tuvieron que informar los niveles de stocks de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021.

La relación conflictiva con estas empresas viene desde hace un tiempo. Las firmas nucleadas en la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL) venían reclamando el fin de Precios Máximos, pero el programa se prorrogó hasta el 31 de marzo. La COPAL quedó en la mira del gobierno cuando se conoció que en 2020 el rubro de alimentos y bebidas que mide el INDEC subió 42,1%, frente a un nivel general del 36,1%. Hace una semana la cámara difundió un reporte asegurando que las empresas no son responsables de la mayor inflación. Dicen, por el contrario, que como parte de su oferta está en Precios Máximos y Precios Cuidados, subieron solo entre 5 % y 10%.

Por otro lado, directivos consultados comentaron que el comunicado “ensucia” a las empresas y que no lo ven con un buen antecedente cuando se los está convocando a negociar un acuerdo de precios y salarios.

Fuente: Ámbito


Jueves, 18 de febrero de 2021
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