Economía Las petroleras, inquietas por un pedido para revelar datos privados 
El Gobierno quiere dar información "sensible" a consultoras privadas para diseñar un plan hidrocarburífero. Las compañías lo rechazaron
En las últimas semanas, la secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Daniel Cameron, les pidió permiso a las empresas petroleras para revelar información del sector a consultoras privadas, a fin de diseñar un "estudio más profundo" para mejorar la actividad hidrocarburífera en el país.
En concreto, el escrito reclama que la autorización no demore más de 15 días tras ser recibido. En caso de no presentar objeciones, "se tendrá por autorizada dicha revelación".
Pero el pedido oficial generó preocupación entre las compañías energéticas. Se trata de datos privados que proveen regularmente a la Secretaría, y que podrían afectar el negocio, de acuerdo a su criterio.
La consultora privada en cuestión es VYP, una firma de perfil técnico conocida por asesorar a empresas upstream, del segmento de exploración y producción de hidrocarburíferos. A esta empresa, el Estado le encomendó que revisara los números de las reservas petroleras en la Cuenca del Golfo San Jorge (parte de Chubut y Santa Cruz), a fin de incrementar la explotación de esos yacimientos.
En el pedido, también se requirió la autorización de abrir al análisis de otras compañías los planes de inversión presentados por las petroleras el año pasado, en el marco del decreto 1277, que otorgó prerrogativas a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que lidera Axel Kicillof y también integran Guillermo Moreno y Cameron, la capacidad de regular el mercado energético en lo que respecta a precios, entre otros puntos.
Según el diario La Nación, las petroleras rechazaron de manera contundente la nueva solicitud de la secretaría de Energía. Son datos sensibles que usualmente otorgan al Estado, y no quieren revelarlos a otras empresas privadas, ya que podría afectar el negocio. Con esta línea, consideran que el "estudio en profundidad" es una tarea que debe ser del sector público, por lo que corresponde que sea emprendida por este.
Por otra parte, los abogados de las compañías argumentaron su negativa al afirmar que cedieron la información al Gobierno en carácter de declaración jurada, amparada en cuanto a su confidencialidad.
Además, coincidieron en que el decreto 1277 no contempla la participación de consultores o asesores externos a la Comisión, sino todo lo contrario, dado que ese cuerpo se muestra autosuficiente a los fines de evaluación y seguimiento de proyectos.
Por lo tanto, los departamentos legales de las compañías concluyeron que los datos requeridos son "críticos" y que "pueden dañar a la empresa en caso de llegar a manos de terceros o competidores", explica un documento al que accedió el matutino.
Fuente:Infobae
Viernes, 16 de agosto de 2013
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