Nacionales Escuchas ilegales: Macri esquiva el juicio oral por un fallo sin precedentes  El juez Casanello anuló la elevación a juicio del jefe de gobierno. Los otros once imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados por conformar una red de espionaje para espiar a políticos y dirigentes sociales. De todos modos, el líder
Sorpresivamente, el juez federal Sebastián Casanello anuló la elevación a juicio oral del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por las presuntas escuchas ilegales de una supuesta agencia clandestina de inteligencia que funcionaba en su gobierno.
El resto de los imputados, entre ellos su ex ministro de Educación Mariano Narodowski, quedaron a un paso del debate oral. Pero será un paso largo, al menos en el tiempo: difícilmente el juicio se lleve a cabo hasta tanto la situación procesal del propio Macri no quede absolutamente definida. Y para eso queda un plazo imposible de determinar todavía.
Casanello declaró la "nulidad parcial" del "cierre de la instrucción respecto de las conductas atribuidas a Macri, y como derivación de ello, la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados por el querellante Néstor Daniel Leonardo (ex cuñado del jefe de gobierno) y el representante del Ministerio Público Fiscal, Jorge Di Lello". Ayer, los abogados de los querellantes repasaban la extensa decisión de Casanello y no descartaban llevar adelante una apelación en el caso de que sea jurídicamente viable.
Según Casanello, "ninguno de los escritos, ya sea del fiscal o de las querellas, señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar" no sólo a su cuñado, sino también al dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein.
Los imputados que quedaron a las puertas del juicio oral son el exjefe de la Metropolitana Jorge "Fino" Palacios; su subjefe, Osvaldo Chamorro; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski; el ex espía Ciro James; el ex juez de Misiones, José Rey; su secretaria Mónica González; y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.
El fiscal Jorge Di Lello acusó a Macri, James y Palacios por los delitos de "asociación ilícita, violación de secretos y de privacidad". Di Lello también acusó por "administración infiel" al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski.
¿Cómo llegó Casanello a semejante conclusión?, ¿por qué adoptó el juez tamaña decisión?, ¿qué diferencia a Macri de los otros once imputados?
"La atribución de responsabilidad respecto de Macri, a diferencia de lo que sucede con el resto de los imputados, pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno", respondió el magistrado. La causa fue investigada en todas sus etapas por el juez federal Norberto Oyarbide, quien era subrogante del juzgado número siete. Cuando asumió Casanello como magistrado titular, revisó lo que había hecho su antecesor y llegó a la conclusión de que "el cierre de la instrucción respecto de las conductas atribuidas a Macri fue apresurado pues restaba producir prueba significativa para el resultado de la causa".
"Las acusaciones a su respecto se evidenciaron inmotivadas", advirtió Casanello al respecto, pero el procedimiento no es habitual. En esta etapa, lo normal es que el juez resuelva si envía a los imputados a juicio oral o los sobresee. El juez no hizo ni una cosa, ni la otra. De hecho, Macri sigue procesado.
Pero para establecer si finalmente va o no a sentarse en el banquillo de los acusados, Casanello dispuso nuevas medidas de prueba, que –según su visión– no se produjeron en toda la investigación, que lleva más de tres años.
El juez llamó a prestar declaración para el próximo 15 de abril y como "testigo" al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien estuvo imputado en la causa pero finalmente fue sobreseído por Oyarbide. Y también ordenó medidas sobre una agencia de seguridad privada que habría participado en la maniobra que se reprocha a todos los acusados.
A lo largo de 178 páginas, Casanello razonó que Macri estaba encaminado al juicio oral esencialmente porque es la cabeza del Poder Ejecutivo de la Ciudad. "Frente a las distancias propias del aparato burocrático y la división de roles que él supone", es necesario para el juez "esclarecer el interrogante acerca del grado de conocimiento de Macri respecto de la empresa criminal que –se sospecha– integraban algunos actores de su gobierno, y determinar su carácter orgánico o no".
"Si la imputación que pesa sobre Macri se apoya esencialmente en la estructura burocrática del gobierno que encabeza ¿cómo no escuchar a su Ministro de Seguridad?" Montenegro deberá explicar "las atribuciones de los responsables de la Policía Metropolitana, cómo se organizó, integró y funcionó cuando estuvieron al frente Palacios y Chamorro, cuál era su relación con los funcionarios políticos y, particularmente, la incidencia de Macri en el despliegue de la política de seguridad, en sus aspectos formales e informales".
La resolución parece, en su entrelínea, alejar a Macri de la responsabilidad por esa suerte de aparato de inteligencia clandestino enquistado en su gobierno. Por el contrario, carga las tintas sobre Narodowski.
La revisión de la causa "modificó la lectura total de los hechos en el sentido de opacar el protagonismo de Macri, sobre todo si se considera que James integraba un contingente de personas que había desembarcado en el Ministerio proveniente de la Universidad de la Matanza, ámbito vinculado a Narodowski", escribió.
Cierto es que fue Macri quien designó ministro a Narodowski. Pero según el juez, esa decisión –basada sobre un conocimiento de "larga data"–, no es suficiente, "no alcanza" para que el jefe de gobierno sea juzgado en debate oral y público.
Incluso Casanello tomó como referencia conceptos del fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó el procesamiento del jefe de gobierno: "Si se retoma lo que dijo el tribunal revisor se advierte, por un lado, que concentró el reproche en la puesta en marcha del aparato clandestino de inteligencia, desplazando aquel basado en el interés o no de Macri en tal o cual escucha, como si se tratase de un cliente de la empresa criminal."
Un año atrás, la Cámara Federal porteña había ratificado la elevación a juicio oral para el jefe de gobierno y el ex comisario Palacios, entre otros imputados.
Así lo había dispuesto la Sala I de tribunal de alzada, que rechazó un pedido de nulidad presentado por Ciro James, quien está acusado de haber llevado a la práctica una serie de maniobras de espionaje que incluyeron "pinchaduras" a los teléfonos de Burstein, empresarios y legisladores, entre otras víctimas.
La defensa del ex espía pretendía en aquel momento que se declarase la nulidad de lo actuado a partir de invalidar el llamado anónimo que, desde un locutorio, Burstein recibió en su casa. En esa comunicación, Burstein fue advertido de que era escuchado y se le atribuyó la responsabilidad por la "pinchadura" al "Fino" Palacios, exonerado de la Policía Federal y luego primer jefe de la Metropolitana.
En la investigación –llevada adelante por Oyarbide– no se pudo determinar la autoría de llamado, algo que las defensas de los acusados usaron para cuestionar toda la pericia.
Sin embargo, la Cámara Federal decidió desestimar este planteo. "La cuestión introducida por la defensa de Ciro James carece de toda cuota de novedad", sostuvo el tribunal hace un año, y agregó que "ante el estado de la causa actual lo planteado se manifiesta claramente inapropiado".
Asimismo, los integrantes de la Sala I pidieron que la controversia en torno a ese llamado telefónico fuera abordada durante la instancia de juicio oral que ahora tras la decisión de Casanello quedó entre signos de interrogación.
Sábado, 8 de marzo de 2014
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