Politica Código penal: todos contra todos en la oposición  El debate sobre el anteproyecto motivó otro cisma en la oposición. El oportunismo de Sergio Massa, y dos prestigiosos redactores del código, abandonados a cambio de títulos en los diarios. En el revuelo, Carrió aprovechó para proponerle a Macri. En apenas una semana, Sergio Massa logró desarticular al resto de las fuerzas opositoras al gobierno nacional con una propuesta inconstitucional para frenar un anteproyecto de reforma del Código Penal. Increíble, pero real. Radicales y macristas hicieron un papelón, al cambiar rotundamente de opinión sobre el borrador en cuestión en el que trabajaron durante casi dos años hombres de sus filas. Pasaron de estar alineados contra Massa a apoyar sus objeciones en un abrir y cerrar de ojos. Fiel a sí misma, Elisa Carrió sacó de la galera el mismo conejo de siempre, al abrir fuego contra todos y todas y, en un pase de comedia, terminó ofreciéndole una alianza a Mauricio Macri para 2015. La invitación dejó tambaleando al Pro, que también en esto fue cambiando de idea con el correr de las horas. Hermes Binner tampoco se jugó en esta ocasión, pero al menos quedó a salvo de semejante estado de confusión. Una vez más, quedó en evidencia que el arco opositor tiene serias dificultades para concretar un debate de ideas, sin chicanas y al margen de la agenda que imponen Clarín y La Nación. Y que puertas adentro de la UCR y el Pro, abundan los roces.
Después del mensaje de la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa, quedó flotando en el aire una “suave” sensación de tregua entre el oficialismo y buena parte de la oposición. Por primera vez en años, el 1 de marzo pasado la mandataria logró que dirigentes opositores aplaudieran con entusiasmo una iniciativa emanada de su gobierno. La ocasión fue doble. La aplaudieron cuando afirmó: “Vamos a tener que sacar una normativa de respeto a la convivencia ciudadana. Todos tienen derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar”, y cuando se refirió a Venezuela. La bancada amarilla sintió que esas eran sus banderas, al punto que la diputada Laura Alonso se puso de pie para el aplauso. El Pro celebró en caliente, pero después recapacitó y se encontró coincidiendo con la Casa Rosada. En poco más de dos horas, Cristina Fernández también consiguió que la ovacionaran cuando dijo ante el pleno legislativo: “No vengo a defender al gobierno de Venezuela ni a Maduro, vengo a defender la democracia”. Acto seguido, elogió a los radicales por su respeto y aporte a la consolidación del sistema democrático en el país. “Democracia es respetar la voluntad del pueblo expresada soberanamente. Aquí quiero rescatar una tradición de la Unión Cívica Radical. Quiero reconocerles algo. Sí, nosotros los peronistas no le dábamos históricamente tanto valor a la democracia”, afirmó entonces CFK.
Los aplausos hubieran sido lo de menos si quedaban para siempre ocultos en el recinto. Pero la sociedad no sólo fue testigo de la cálida reacción opositora, sino también de las resonancias que el mensaje de la Presidenta tuvieron en un sector de la clase media, esquivo al kirchnerismo y que, según diversas mediciones, está preocupado por la inseguridad y muy molesto cada vez que hay una protesta con corte de calles. En ese marco, hay que ubicar la sorpresiva propuesta de CFK de “sacar una normativa de respeto a la convivencia ciudadana” y la no menos sorpresiva ofensiva massista contra la reforma del Código Penal. “Quieren dejar libres a los delincuentes”, fue la bandera que eligió agitar Massa para resucitar el fantasma del miedo en esa misma clase media que el día anterior había celebrado la iniciativa del Poder Ejecutivo. La intención de Massa fue poner de nuevo los votos en su lugar. En ese hipotético reparto, el Frente Renovador, que está a la caza de la simpatía de esa porción de la clase media, volvió al ataque contra la Casa Rosada. El blanco elegido fue el anteproyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión ad hoc, integrada por especialistas de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. Todas menos el Frente Renovador, que no fue invitado a participar porque cuando se creó la comisión, Massa todavía pertenecía al Frente para la Victoria. El anteproyecto en poder del Ejecutivo fue elaborado por una comisión liderada por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el diputado Federico Pinedo (Pro), los ex diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y María Elena Barbagelata (Partido Socialista-FAP) y el ex juez del juicio a las juntas militares León Arslanian.
Al día siguiente del mensaje de Cristina, en una suerte de catarsis por Twitter, Massa anunció que iniciaría una campaña contra la reforma del Código Penal con la recolección de cinco millones de firmas para convocar a una consulta popular. Una opción prohibida por el artículo 39 de la Constitución nacional, que deja afuera de las consultas las vinculadas a cuestiones penales. “Abre las puertas de las cárceles”, afirmó Massa y fue más allá al diagnosticar que “Videla, si viviera, estaría en libertad”, de aprobarse los cambios incluidos en el anteproyecto. En un primer momento, le pegaron por derecha e izquierda. El juez Eugenio Zaffaroni lo mandó a estudiar, Gil Lavedra dijo que una consulta popular es “impracticable e impresentable” y que sus comentarios sobre los eventuales cambios al Código Penal “se inscriben en el oportunismo demagógico” porque “intentan espantar a la gente con sensación de inseguridad a través de un punitivismo hipócrita, tratando de espantar a la gente con los montos de las penas”. Pinedo, por su parte, pidió “no rechazar una reforma” y aseguró que “hay que sancionar un nuevo Código Penal con un consenso enorme, porque es la escala de valores de la sociedad”. Hasta Graciela Camaño, en un primer momento, reaccionó diciendo que “no hay que tenerle miedo a someter un proyecto de ley a la voluntad del ciudadano”. Pero el “todos contra Massa” y la posibilidad concreta de dar un debate profundo de cara a la sociedad, cada uno desde su espacio, con un objetivo común, se diluyó con el correr de los días. No sólo se esfumó, sino que abrió fisuras hacia adentro de las fuerzas comprometidas con el tema.
En un primer momento, radicales y macristas recibieron con tibieza las denuncias contra la reforma del hombre de Tigre. Gil Lavedra y Pinedo, dos dirigentes con trayectoria, estaban en el medio. Sin embargo, con el correr de las horas y bajo el influjo de asesores con encuestas para el caso, radicales y macristas cambiaron de posición y dejaron en offside a sus cuadros técnicos. “Fueron horas complicadas que sacaron a flote las diferencias”, confió a esta revista un radical bonaerense, que está a favor de la reforma del Código porque “es necesaria”. El malestar y el desconcierto hacia adentro del radicalismo fue inmediato y durante varias horas se hicieron públicas posturas antagónicas. Los diputados Julio Cobos y Miguel Bazze fueron los primeros en rechazar el anteproyecto y en dejar a pie a Gil Lavedra, quien seguía defendiendo la iniciativa y criticando a Massa por hacer “oportunismo demagógico” con el tema. Por su parte, Ricardo Alfonsín afirmaba que “algunos quieren hacer creer a la sociedad que con un código más duro resolveremos los problemas, cuando está demostrado que no es así. México y Colombia tienen penas más duras y muchos más inconvenientes”. Hasta entonces, el presidente del partido, Ernesto Sanz, decía que los radicales no iban a adelantar su posición hasta que el anteproyecto no llegara al Congreso. “La discusión sobre el Código Penal es un entretenimiento que sólo favorece a quienes no quieren discutir lo verdaderamente importante en materia de seguridad”, señalaba Sanz para suavizar las diferencias. Sin embargo, el senador, hábil para la polémica, hizo una pirueta ideológica y, en horas, se pasó solito a la vereda de enfrente al pedir “no caer en la trampa del Código Penal” y al calificar de “estéril” el debate. Fue el primero en darse vuelta como una tortilla.
Lo cierto es que el Frente Renovador, que estrena bancada en el Congreso, apenas le dio tiempo al Pro para disfrutar la propuesta que hizo CFK, en sintonía con sus ideas de limitar las protestas callejeras, ante la Asamblea Legislativa.
También en el Pro surgieron las contradicciones. “Tengo diferencias con algunos contenidos del anteproyecto con Pinedo. Estoy para el debate, incorporar lo que falta y modificar lo que no me gusta. El disenso es la esencia de la democracia”, escribió en Twitter la diputada macrista Laura Alonso. En tanto, mientras María Eugenia Vidal aclaraba que Pinedo había firmado “con disidencias” el borrador y pateaba para más adelante las definiciones, el propio diputado defendía el anteproyecto en los medios. Mauricio Macri, en un gesto grandilocuente, convocó a una conferencia de prensa para fijar posición. Terminó regando lo sembrado por Massa al afirmar que no es este el mejor momento para discutir el Código Penal. Según pudo saber Veintitrés, la piedra de la discordia fue la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados que, antes del vodevil opositor, iba a presidir Pinedo y que finalmente fue para Patricia Bullrich. Según pudo saber esta revista, la influencia de la camaleónica diputada para apartar a Pinedo dejó heridos en la interna del Pro.
Y llegó el momento de Carrió. La diputada del frente Coalición Cívica-UNEN advirtió que “es tan irracional” la reforma del Código Penal propuesta por el gobierno nacional como el llamado a consulta popular que hizo Massa. Y fue más rotunda al calificar como “una locura” la reforma del Código. Mediante un comunicado de prensa, la bancada que encabeza Carrió remarcó que rechaza “parte del contenido de la reforma por considerarla perjudicial a los fines de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal”, pero también porque “se da en medio de un contexto internacional de conflictividad y transnacionalización del crimen creciente”. También aludió directamente al ex intendente cuando afirmó que “Massa tiene al narcotráfico colombiano viviendo en Nordelta y Tigre”. En el medio de ese berenjenal, Lilita le envió señales de conciliación a Macri. Consultada sobre eventuales acuerdos para 2015 dijo: “Tiene que ser una alianza lo más amplia posible. El primer paso es UNEN, pero pienso en alianzas cada vez más amplias y trabajo en silencio para ello”. Y de inmediato no descartó a Macri dentro de ese acuerdo. En ese punto, el escenario se complicó de nuevo dentro del Pro, donde la senadora Gabriela Michetti encabeza un nutrido grupo de dirigentes que rechaza la idea de sumarla porque “fue muy agresiva con Mauricio” y porque “tiene dificultades para trabajar en equipo”, dicen. Incluso, Gil Lavedra metió la cola cuando recordó que “Carrió dijo que Macri era un ladrón y ahora quiere armar un frente con él”. Desde el Frente Renovador, el diputado Adrián Pérez, ex aliado de Lilita, le contestó sin vueltas: “No nos parece acertada la política de la descalificación personal”.
Lo cierto es que el Frente Renovador, que estrena bancada en el Congreso, apenas le dio tiempo al Pro para disfrutar la propuesta que hizo CFK, en sintonía con sus ideas de limitar las protestas callejeras, ante la Asamblea Legislativa. Menos al radicalismo, para paladear sus méritos en la consolidación de la democracia. Rápidos de reflejos, los asesores de Massa desempolvaron el florete que habían archivado desde la campaña legislativa de 2013 y volvieron al ataque a la caza del voto de una franja de la clase media. El trabajo realizado por la comisión fue cuestionado con afirmaciones sensacionalistas y las fisuras internas de la UCR y el Pro salieron a la luz. Massa, cuyo objetivo era desprestigiar la iniciativa del oficialismo, consiguió sembrar temor en la población preocupada por la inseguridad y generar malestar entre radicales y macristas, que prefirieron darles la espalda a sus dirigentes antes que sostener un debate maduro en torno al tema. Un papelón. Lo que queda es un lodazal plagado de contradicciones. A simple vista, Massa ganó, pero tanto él como el resto de la oposición demostraron que no quieren debatir en un marco de institucionalidad. En ese aspecto, Felipe Solá y Adrián Pérez coincidieron en declaraciones a Radio América al explicar que era necesario frenar la reforma antes de que llegara al Congreso “porque el oficialismo tiene los votos y no se iba a debatir”. Una estrategia que, a simple vista, se lleva muy mal con las instituciones democráticas.
Viernes, 14 de marzo de 2014
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