Impositivo Ganancias: ya son más de 60 los proyectos presentados en el Congreso para modificar el régimen vigente  Las iniciativas no sólo buscan modificar el mínimo no imponible, sino que también apuntan a ajustar las escalas y alícuotas que rigen en la actualidad, entre otros aspectos. Puntos salientes de las propuestas de cada sector político y la opinión de..
La cantidad de asalariados que tuvieron que destinar parte de sus sueldos al pago del Impuesto a las Ganancias en los últimos años, hizo que el tributo permaneciera presente en cuantas charlas, debates y publicaciones periodísticas y doctrinarias se producían.
Por este motivo, el año pasado el Gobierno tomó la determinación -elecciones legislativas de por medio- de intentar calmar el malhumor de los que debían hacer frente al gravamen y, al mismo tiempo, quitarles argumentos a gremialistas y políticos opositores.
En este contexto, decidió aumentar el valor de las deducciones computables por empleados y jubilados, de modo que aquellos que cobraron menos de $15.000 brutos entre enero y agosto de 2013 quedaran eximidos.
En aquella oportunidad, más de un millón de personas se "quitaron de encima" la carga impositiva que tanto les aquejaba, al menos desde septiembre en adelante. Incluso, tal como diera cuenta iProfesional, ese beneficio se terminó extendiendo aun hasta estos días.
No obstante, los últimos cambios introducidos también generaron muchas inequidades. Y, con las paritarias de por medio, quienes debían hacer frente al impuesto comenzaron a pedir una adecuación en el gravamen.
La bandera fue levantada nuevamente por los gremios, aunque esta vez no sólo fue exclusiva de los que no coinciden con las decisiones que se toman en la Casa Rosada, sino también por los alineados con Antonio Caló.
Incluso, varios sindicalistas de peso realizaron afirmaciones respecto al inminente cambio en el impuesto. Tal es el caso del titular de la CTA oficialista Hugo Yasky, quien afirmó que la elevación del mínimo no imponible se tendría que anunciar en los próximos días.
Ante la negativa del kirchnerismo, se siguen acumulando iniciativas. En efecto, según pudo constatar este medio, en lo que va del año se presentaron casi 30 propuestas relacionadas con el tributo, que se suman a las más de 30 que fueron elevadas con anterioridad y que todavía tienen estado parlamentario y que, por lo tanto, pueden ser debatidas en el recinto.
El bloque oficialista de la Cámara de Diputados logró su objetivo días atrás pasada al no dar el quórum necesario para analizar los proyectos. De esta manera, intenta dejar en manos del Ejecutivo la última palabra y, por ende, que se quede con el "mérito" de actualizar el mínimo no imponible, un tema que continúa en "boca de todos".
Propuesta para todos los gustos
Las iniciativas que se acumulan en el Congreso provienen de diversos sectores -incluyendo al mismo Frente para la Victoria (FpV)- e intentan reformar distintos aspectos del Impuesto a las Ganancias que alcanza a empleados en relación de dependencia y jubilados.
Si de elevar el denominado mínimo no imponible se trata, la propuesta presentada por Facundo Moyano es la que más sube las deducciones y cargas de familia que establece el artículo 23 del gravamen.
En concreto, fija un piso de $29.900 para empleados casados con dos hijos y de $22.233 para solteros. Estos valores quedan apenas por encima de los presentados por el radical Julio César Martínez ($28.357 para el primer grupo y $20.880 para el segundo) y la legisladora de Compromiso Federal Ivana Bianchi ($26.141 y $20.880, respectivamente).
También están las propuestas del Frente Renovador de Sergio Massa (en una iniciativa de Felipe Solá, Graciela Camaño, Alberto Roberti y Julio Ledesma), de la kirchnerista Stella Maris Leverberg y del radical Ricardo Alfonsín.
Moyano propone, además, eliminar el tributo que recae sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC), los jubilados y todas las indemnizaciones (actualmente, sólo las del rubro antigüedad están exentas).
La exclusión de los haberes previsionales no es un pedido exclusivo del hijo del camionero, sino que también es propuesta por Leverberg (FpV de Misiones), Lino Aguilar (Compromiso Federal de San Luis) y Daniel Kroneberg (UCR de La Pampa). Asimismo, estos últimos proponen eliminar, lisa y llanamente, el gravamen para empleados.
Respecto de las indemnizaciones, Mario Fiad y Julio César Martínez (UCR de Jujuy y La Rioja, respectivamente), Ricardo Buryaile (UCR de Formosa) y Guillermo Pereyra y Carmen Crexell (senadores Movimiento Popular Neuquino, Neuquén) son partidarios de eximirlas del pago de Ganancias.
En cuanto a deducciones, la iniciativa de Moyano contempla los alquileres de viviendas. En este sentido, también plantearon cambios los diputados del FpV Pablo Kosiner, José Vilariño y Graciela Giannettasio y el opositor Massa, del Frente Renovador, aunque este último propone un tope máximo de $60.000 anuales.
Por último, las propuestas incluyen la gravabilidad para quienes desempeñen cargos públicos (incluidos los del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esta es una cuestión planteada en proyectos de varios diputados oficialistas como Kosiner y Susana Canela (Salta), Juan Pais (Chubut) y José Mongelo (Chaco), así como el hijo del camionero.
En tanto, desde la izquierda, Néstor Pitrola y Pablo López plantean cambios más extremos, que incluyen la exención de jubilaciones y salarios del pago de Ganancias (salvo que se trate de altos cargos, como puestos gerenciales, de dirección o ejecutivos), así como de cualquier impuesto a quienes tengan salarios que no excedan tres veces el costo de la canasta familiar.
Por otro lado, proponen que se compute ese parámetro para excluir del pago del componente impositivo del Monotributo a quienes estén inscriptos en carácter de prestadores o locadores de servicios.
Nuevas escalas y actualización automática
Las iniciativas presentadas no sólo hacen hincapié en el mínimo no imponible, sino que apuntan a resolver la problemática que se generó con las escalas del gravamen.
Por caso, Alfonsín busca con su proyecto que las alícuotas del artículo 90 estén entre el 8% y 41%, con sumas fijas que orbiten entre $3.200 a $130.000 anuales, dependiendo de cada una de los escalones de la tabla.
El diputado kirchnerista Héctor Recalde propone tasas del 2% al 40%, con cuotas que van de los $200 a los $118.700 anuales, en tanto que el socialista Hermes Binner (junto a otros legisladores de Santa Fe), apunta a aumentar la cantidad de alícuotas aunque respeta los extremos actuales (9% al 35%), con importes estáticos entre $1.800 a $39.600 anuales.
Respecto a la actualización de los valores, los radicales Eduardo Costa y Susana Toledo buscan que las deducciones sean ajustadas según coeficiente de variación salarial, en tanto que Pais (FpV de Chubut) intenta que la actualización esté en manos de la AFIP, conforme la variación experimentada por el Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción elaborado por el INDEC.
Lo mismo plantea la propuesta de Alfonsín, es decir, que sea el organismo de recaudación el encargado de realizar los ajustes. Se suma también la iniciativa de Elisa Carrió y varios representantes de UNEN, como Martín Lousteau y Alcira Argumedo, sobre el reajuste de las escalas del tributo.
En tanto, el proyecto de Moyano plantea que -desde el ejercicio 2015- se ajusten automáticamente los valores de las deducciones y busca que la alícuota máxima para empleados no supere el 33 por ciento.
Por último, el radical Julio César Martinez junto a otros legisladores de la UCR, plantearon en su iniciativa que la AFIP ajuste los valores tanto de las escalas como de las deducciones de manera semestral.
Inequidades existentes
La normativa, tal como se encuentra en la actualidad, genera un sinfín de inequidades. Al menos así lo advirtieron los especialistas consultados por este medio.
Al respecto, Juan Manuel Locatelli, titular de JL Consultoría & Negocios, destacó que "si bien las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo fueron muy positivas para gran parte de los empleados y jubilados, los métodos de implementación de los beneficios dejan demasiadas cuestiones sujetas a la interpretación de los profesionales, lo que implica un importante riesgo por carecer de una normativa clara que respalde la tarea del liquidador".
El especialista recordó que, sin que se dicte alguna norma nueva de alcance nacional, los parámetros a considerar seguirán siendo las remuneraciones percibidas entre enero y agosto de 2013 y que esto "genera una situación de inequidad".
Para graficarlo con un ejemplo, el experto plantó el caso de un empleado cuya remuneración del período mencionado no superó el monto de $15.000 brutos y en septiembre de ese año recibió un incremento salarial. "Esta suba no será pasible de retención", aclaró el experto.
Sin embargo, destacó que un dependiente contratado desde septiembre de 2014 en la misma categoría -con un sueldo superior los $15.000 brutos- no puede ser considerado "no pasible de retención".
Por estos motivos, Locatelli destacó que "es necesario que, para el período fiscal 2014, el Poder Ejecutivo establezca un nuevo procedimiento para determinar la base de cálculo a utilizar y aclarar qué empleados no pagarán el tributo y cuáles serán los montos de las deducciones personales para los que continúen abonando el gravamen".
Por su parte, Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados, sostuvo que "el problema no es la cantidad de proyectos que se han presentados, sino las intenciones finales implícitas en cada una de las propuestas".
"Sin dudas ese ha sido el principio rector cuyo resultado es la actual Ley del gravamen, una sumatoria de parches que pugnan por una estructura del tributo con muchas falencias y contradicciones", resaltó.
Según el especialista, "nos encontramos con sujetos del impuesto que bajo ningún punto de vista manifiestan la capacidad contributiva necesaria para ser contribuyentes y otros que han obtenido rentas millonarias y no han contribuido con un peso a las arcas del Estado".
Sasovksy destacó que "para unificar un criterio lógico, deberíamos definir un perfil de las personas que van a ser alcanzadas por el tributo, en función de la verdadera capacidad económica para hacerlo cargo de la obligación".
"En materia tributaria, la importancia de la información clara y precisa tiene es superlativa, el principio de legalidad consagrado en la Constitución Nacional para la creación de impuestos no es otra cosa que la manifestación fáctica de la 'seguridad jurídica', desconocer esto impide reconocer a los gravámenes, a los contribuyentes y hasta al propio fisco como tales", concluyó
Miércoles, 14 de mayo de 2014
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