FMI El FMI define hoy si sanciona a la Argentina por sus estadísticas oficiales  La decisión la tomará hoy el directorio. Podría ser una "moción de censura". Tampoco se descarta una expulsión por artículo IV El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá hoy para analizar un informe sobre la calidad de las estadísticas de la Argentina, en un hecho inédito para la entidad “bajo el marco jurídico actual”.
El organismo reclama, sin éxito, que el gobierno nacional modifique la actual metodología de elaboración de sus informes oficiales para que se adecuen a estándares internacionales.
El FMI postergó en dos oportunidades una definición sobre el tema, otorgándole más tiempo al país para que cumpla con los pedidos.
Las dudas del Fondo Monetario son las mismas que internamente plantea toda la oposición, la mayor parte de los economistas y las consultoras privadas. En especial, hacen foco en los índices de precios que describen una inflación oficial sensiblemente más baja que la de las mediciones independientes.
En el mes de diciembre, la directora gerente del organismo, la francesa Christine Lagarde, elevó al Directorio un reporte que incluyó la respuesta argentina a las preocupaciones sobre sus datos estadísticos, particularmente sobre la inflación y los vinculados al crecimiento.
Posibles sanciones
El martes pasado el FMI aclaró que entre las penalidades que se le pueden aplicar a los países por incumplimientos a la provisión de datos estadísticos, como el caso de la Argentina, pueden ser una simple "declaración de censura" hasta "la retirada obligatoria" de la entidad.
Tras la "declaración de censura", que se podría emitir si un país no ejecuta las acciones pedidas por el Consejo Ejecutivo antes de determinada fecha, Lagarde está facultada, luego de evaluar la situación, a emitir una "queja" a la Junta Ejecutiva y recomendar luego que el Comité declare al país transgresor "inhabilitado para usar los recursos del organismo".
Como escalón más grave, las normas prevén que el Fondo "suspenda la votación del país miembro y los derechos políticos" y, si la situación persiste, puede ocurrir que seis meses después esa sanción desemboque en "la iniciación de los trámites para una retirada obligada del miembro".
Viernes, 1 de febrero de 2013
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