Especulaciòn Liquidaron apenas la mitad de la cosecha y pretendían lograr una devaluación que compensara la baja del precio de la soja. El Gobierno amenaza con tom Liquidaron apenas la mitad de la cosecha y pretendían lograr una devaluación que compensara la baja del precio de la soja. El Gobierno amenaza con tomar medidas. La posibilidad de crear una agencia que regule el mercado de granos Como sucedió en febrero, los grandes productores de soja y las empresas encargadas de comercializarla tienen retenida una parte importante de la producción porque apuestan a una nueva devaluación que les garantice mayores márgenes de ganancia. Pese a que esta misma semana el flamante titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, despejó cualquier posibilidad de que se produzca una nueva depreciación brusca de la moneda local, la posición dominante de aquellos actores en un mercado altamente concentrado les permite mantener la pulseada y forzar una situación no deseada por la política económica oficial. En ese marco, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el stock de cosecha sin liquidar asciende a los 25 millones de toneladas y advirtió que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado” para neutralizar la acción especulativa, explicó revista Veintitrés.
Con todo, la maniobra no parece haber sido un buen negocio para el sector ya que a partir de la caída internacional de los precios de la soja los productores perdieron 1.400 millones de dólares por no haber liquidado antes la cosecha. La situación puso nuevamente en el centro del debate la necesidad de contar desde el Estado con una herramienta que permita regular un mercado que resulta tan sensible para el ingreso de divisas y que desde 1991 se encuentra totalmente liberalizado, cuando en pleno auge neoliberal se eliminó la Junta Nacional de Granos. La decisión de productores y exportadores de no liquidar la soja, combinada con la caída de su cotización a partir de la cosecha inédita producida en Estados Unidos y de los altos rindes generados en Brasil, terminó provocando una situación en la que parecen haberse perjudicado todos los actores involucrados. A las pérdidas señaladas del lado de los productores se agregan los ingresos que el Estado no pudo adquirir por estas maniobras especulativas. Se calcula que el Estado nacional dejó de percibir cerca de 2.080 millones de dólares en concepto de retenciones. En tanto que los Estados provinciales también perdieron ingresos, ya que de lo que les corresponde por el Fondo Federal Solidario podrían haber recaudado cerca de 640 millones de dólares, si los productores hubieran mantenido el ritmo de liquidación de otros años.
Según un informe de la consultora Agritrend, comparando el volumen promedio producido y comercializado en las últimas cinco cosechas, se observa una merma de 10,6 millones de toneladas en la liquidación de la actual campaña. Tomando como referencia la segunda semana de septiembre, en la cosecha 2008/2009 se había liquidado el 81% del volumen producido, en la cosecha 2009/2010 se vendió el 80%, en la 2010/2011 el 78%, en la 2011/2012 el 85%, y en la 2012/2013 el 72%, en tanto que en la actual campaña el volumen comercializado hasta aquella semana de septiembre no superó el 59 por ciento.
El propio Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, reconoció que terminó siendo un error aconsejar a los productores que retengan la producción como estrategia para lograr mayores márgenes. “El productor perdió y hasta podríamos decir que se equivocó. Nos equivocamos en haber retenido granos y no haber vendido cuatro meses atrás. Esto es objetivamente así”, reconoció el dirigente.
En realidad, la baja de los precios internacionales de la soja está dejando en evidencia los errores de la estrategia llevada adelante por las entidades agrarias enroladas en la Mesa de Enlace. Si se hubiera aprobado la ley de retenciones móviles que con tanta tenacidad resistieron las cámaras agrarias, el nivel de retenciones a la soja sería mucho menor. De acuerdo con el esquema que establecía el proyecto que fue rechazado en el Congreso a partir del voto “no positivo” del ex vicepresidente Julio Cobos, con la actual cotización de la oleaginosa, en 354 dólares la tonelada, la retención sería del 28,5% contra el 35% al que están obligados a pagar actualmente. Una baja a favor de los productores de 6 puntos y medio. A eso hay que agregarle las compensaciones en el transporte de granos que preveía el proyecto de ley para aquellos productores que están más alejados de los puertos.
Desde que el menemismo disolvió la Junta Nacional de Granos se produjo un fuerte proceso de concentración en la producción y comercialización de granos. Apenas cuatro empresas, Cargill, Noble Grain, ADM y Bunge, concentran el 63 por ciento de las exportaciones totales de granos, exportan el 62 por ciento del trigo, el 65 por ciento del maíz y el 61 por ciento de la soja. Por lo tanto, esta posición dominante que detentan estas empresas en el mercado reavivó desde distintos sectores del oficialismo la necesidad de contar con un organismo que permita controlar la producción y comercialización de granos y así neutralizar las conductas abusivas. Incluso, hasta el propio Buzzi se manifestó a favor de un “ente moderno” estatal que “opere y organice” el comercio de granos.
Desde el Congreso nacional, la senadora rionegrina Silvina García Larraburru presentó a principio de año un proyecto de ley en el que propone restablecer la Junta Nacional de Granos. Según los fundamentos presentados por la senadora, con esta institución se podría “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna, independientemente de lo que suceda en el mercado externo; tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos, y desarrollar políticas que fomenten el aumento de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país”. A través de los diputados que pertenecen a su provincia, el gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial kirchnerista Sergio Urribarri también viene elaborando un proyecto para regular el mercado de granos.
Fuera del Congreso, dos agrupaciones afines al kirchnerismo proponen la creación de una empresa estatal o mixta que juegue fuertemente en el mercado y que le dispute la posición dominante a las grandes corporaciones. Por ejemplo, los economistas enrolados en La Gran Makro proponen la creación de una empresa que compita con las exportadoras, manejando el 25 por ciento de la cosecha, actuando con precios testigos y comercializando directamente la producción de soja con los mercados compradores, como por ejemplo el chino. Desde la visión de los economistas, esta empresa les mejoraría el precio a los productores y llevaría a las cerealeras a pagarles mejor a los productores. A partir de la caída internacional de los precios de la soja los productores perdieron 1.400 millones de dólares por no haber liquidado antes la cosecha
A su vez, la agrupación Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), liderada por el titular del Renatea, Guillermo Martini, propone la creación de un Agencia Nacional de Comercialización. Esta agrupación viene trabajando dentro del espacio del presidenciable Julián Domínguez, el Grupo San Martín. Desde Canpo entienden que, además de intervenir en el mercado, dicha agencia tiene que asociarse con los productores de menor escala que están dentro de la cadena de comercialización y que pueden aportar acopio, silos y una infraestructura que el Estado perdió cuando se desmanteló la Junta Nacional de Granos. Por eso creen que es fundamental que el Estado recupere el sistema ferroviario y marítimo. “No podemos dejar en manos privadas algo tan estratégico para la Nación como es la liquidación de los dólares de las cosechas”, sostiene Martini. “Creemos que el sector público articulado con el movimiento cooperativo y los pequeños y medianos productores organizados pueden ser el contrapeso al poder de las grandes cerealeras multinacionales y los sectores concentrados de la producción”, remata.
En momentos en que el Gobierno parece decidido a mantener la iniciativa política, en el futuro inmediato se verá si decide avanzar en un sector que no quiere perder sus privilegios.
fuente: infonews
Sábado, 11 de octubre de 2014
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