Impuestos El Gobierno desempolva expedientes con ganas de meter preso a algún banquero: directivos del HSBC, en la lista  Funcionarios del Banco Central que responden a Axel Kicillof revisan los expedientes abiertos por irregularidades. Los acusan de evasión agravada, entre otros delitos que podrían enviarlos a prisión. Los informes habían sido presentados a la Presidenta hace dos años El kirchnerismo avanza en la investigación de los expedientes que el Banco Central tiene sobre presuntas maniobras ilegales de los bancos.
Se trata de los funcionarios que el ministro de Economía, Axel Kicillof, colocó dentro de la institución reguladora.
Germán Feldman, superintendente de Entidades Financieras, y su segundo, Pedro Biscay, son los encargados de la tarea.
La Presidenta denunció a fin de mes que en el BCRA hay más de 80 mil expedientes “cajoneados”.
Fue el puntapié para la salida de Juan Carlos Fábrega. Apenas tomaron posesión de sus cargos, Feldman y Biscay se pusieron a revisar las últimas presentaciones.
El temor en la city porteña es que el objetivo de ese sector del kirchnerismo sea ver a un banquero preso, algo casi sin precedentes en la Argentina –la excepción es Francisco Trusso, que ahora está libre–, con el objetivo de sumarlo a los legados de la “administración Kirchner”.
En paralelo, hay acciones de otros organismos que van en sintonía. El fiscal Carlos Gonella –titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac)– denunció a varios bancos sospechados de participar en supuestas maniobras criminales.
Por ejemplo, intervino en un caso de presunto fraude bursátil y lavado en Santa Fe, y en breve participará en la indagatoria de cinco directivos del BNP por prestar asesoramiento profesional para canalizar una fuga de mil millones de dólares.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se constituyó como querellante en una causa en la que resultaron imputados directivos del HSBC por evasión agravada, un delito que contempla penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.
Es decir que, si la causa avanza, podrían terminar tras las rejas. El organismo que conduce Ricardo Echegaray los denunció en un inicio por asociación ilícita, evasión (por 224 millones de pesos) y lavado de activos (por 392 millones de pesos).
La Unidad de Información Financiera (UIF) no sólo multa a los bancos, sino que sacó una resolución que impide que las penalidades terminen en la Justicia. Ahora, los bancos deben pagar antes de recurrir a un tribunal.
“La bronca que había era que en Estados Unidos los bancos pagaban las multas sin chistar, y acá dilataban su cumplimiento con causas en la justicia”, dijo un funcionario a Perfil.
Biscay es, además, un hombre que viene investigando la relación entre el sector financiero y los delitos en la dictadura militar. Prepara junto a un historiador y un sociólogo un informe que se espera que se haga público antes de fin de año.
“Los Kirchner quieren que se recuerde su gobierno por un legado que incluye desde la asignación universal por hijo hasta el matrimonio igualitario. A esa lista quieren añadir la de ser los primeros en meter a un banquero preso, para dar el mensaje de que no hay impunidad para el sistema financiero”, analizó un funcionario que conoce de cerca los movimientos del Central.
Cristina Kirchner sabía que había miles de expedientes cajoneados en el Banco Central, desde 2012, cuando se lo informó Mercedes Marcó del Pont. La entonces presidenta del Central le llevó también un proyecto para modificar el régimen penal tributario, porque tal como está cualquier causa que impulse el Banco puede ser judicializada, ya que es organismo controlador y acusador.
El discurso de Cristina Kirchner que eyectó de su cargo a Fábrega estuvo focalizado en las maniobras ilegales de los bancos. Incluso, la jefa de Estado hizo un pedido para que se investiguen los movimientos de las entidades bancarias con el dólar blue y el “contado con liqui”.
Cacería de brujas
La llegada de Alejandro Vanoli al Banco Central implica la apertura de una nueva etapa en la cual "el modelo" contará con dos componentes ineludibles:
1. El primero es un mayor grado de intervencionismo, probablemente para llevar a cabo una medida reclamada por las usinas del pensamiento K: obligar a los bancos a subir las tasas de los plazos fijos sin trasladar ese costo a los créditos.
En otras palabras, imponer una disminución en sus márgenes de ganancia. Curiosamente, los ideólogos K no explican cómo es que los bancos estatales no adoptan ya mismo esa política que se le reclama a los privados.
2. El segundo componente de la política del Banco Central será la represión a una lista creciente de actividades financieras -con la ilusión de hacer desaparecer, por esa vía, la brecha con el dólar paralelo- y la identificación de banqueros sospechosos.
El "villano del momento" es José Luis Pardo, dueño de Mariva, por haber cometido el "delito" de ser uno de los principales operadores del "conta con liqui", por cierto, un mecanismo legal para hacerse de divisas.
Pero hay otros protagonistas importantes de esa movida -y acaso los siguientes objetivos en la lista negra de Vanoli: Jorge Stuart Milne, de Banco Patagonia, Guillermo Cerviño, de Comafi y Jorge Brito, de Banco Macro.
Las denuncias del kirchnerismo, muchas veces, tuvieron nombre y apellido.
Fue así que para los empresarios se volvió un temor de época el "escrache" político en los discursos presidenciales o de altos funcionarios.
Tal como ya diera cuenta iProfesional, a lo largo de estos años K fueron mencionados explícitamente:
1. Alfredo Coto: uno de los primeros en ser catalogados como promotor de los aumentos de precios injustificados, al punto de haber sufrido piquetes en sus locales.
2. Juan José Aranguren: CEO de Shell, mencionado promotor de la escasez de combustibles y por su reticencia a aceptar las "sugerencias" de Guillermo Moreno para los precios máximos.
3. Jorge Brito: uno de los enemigos preferidos de la Presidenta, apuntado como "fogoneador" de la fuga de capitales previa al cepo, y luego como artífice de la suba del dólar blue. Más cerca en el tiempo, fue acusado de impulsar un acuerdo espurio con los "fondos buitre" usando como garantía dinero del Estado.
4. El catalán Antoni Brufau: ideólogo del "vaciamiento" de YPF y culpable de la desinversión que llevó a que el país deba dedicarle reservas a la compra de combustibles.
5. Paolo Rocca: Presidente de Techint, identificado por mantener una estrategia de invertir fuera del país y por manipular el precio de la chapa para los pequeños clientes.
6. Marcelo Mindlin: al frente de Edenor, fue tildado de ser gran responsable del colapso del sistema eléctrico -que tuvo su máxima expresión en diciembre pasado- producto de su política de desinversión.
7. Cristiano Rattazzi: el presidente de Fiat en varias ocasiones fue señalado por hacer referencia a la pérdida de competitividad de la economía argentina. Y, más recientemente, por boicotear el plan ProCreAuto.
8. Héctor Méndez: titular de la Unión Industrial, identificado por comentarios que son interpretados por el Gobierno como pro-devaluacionistas.
9. Luis Miguel Etchevehere: productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural, responsable de promover el "encanutamiento" de la soja en los silobolsas y así forzar una devaluación.
10. Directivos de Bunge y Dreyfus: pertenecientes a las principales exportadoras de granos, son apuntados por presunta sub-declaración de ventas y evasión impositiva.
11. Los "socios de los buitres": James Albaugh, CEO mundial de American Airlines, es visto como uno de los que genera temor injustificado, al haber dejado trascender su preocupación por las dificultades para obtener los dólares del Banco Central en la venta de pasajes aéreos.
12. El gremio de los economistas: responsables de ser agoreros, difundir indicadores falsos, malas noticias y pronósticos catastróficos con el único ánimo de generar inquietud y malestar social. Por estas acusaciones fueron llevados a la Justicia Jorge Todesca y Orlando Ferreres, entre otros.
13. Ernestina de Noble y Héctor Magneto: accionistas del multimedios Clarín, identificados por una infinita lista de delitos, que van desde el ámbito de los derechos humanos hasta la difusión de noticias falsas para voltear al Gobierno
Lo que parece claro es que en los próximos meses se verán más situaciones como las que recientemente involucraron al Mariva, banco al que directamente le apuntó la presidenta.
Hostilidad en dosis crecientes
Como adelantó Jorge Capitanich, el diagnóstico es que "muchas operaciones y transacciones bursátiles tienen clara intencionalidad de establecer un ensanchamiento de la brecha cambiaria, a partir de operaciones mediáticas que generan las condiciones para ataques especulativos de manera sistemática y reiterada".
La hostilidad en dosis crecientes es un ingrediente inevitable en esta fase del modelo: a mayor grado de dificultades, se necesita identificar culpables, exponerlos con más firmeza y adoptar medidas ejemplarizantes.
Esa es la lógica que impone el discurso de la conspiración: si después de haber acusado un plan para dar un golpe de mercado, y de haber mencionado con nombre y apellido a algunos de los "cabecillas" no se implementan castigos, entonces se corre el riesgo de que el "relato" pierda credibilidad.
Para el núcleo duro de apoyo político de Cristina, el castigo a los empresarios conspiradores es un reclamo que proviene de larga data.
El grupo de intelectuales de "Carta Abierta", por ejemplo, viene pidiendo desde hace años que, mediante la recreación de la Junta Nacional de Granos o del legendario IAPI de Perón, se intervenga los silobolsas para obligar a que los productores vendan su stock y lo liquiden al tipo de cambio oficial.
El Gobierno dio un paso en ese sentido con la aprobación de la nueva Ley de Abastecimiento, pero por ahora no hizo avances concretos, más allá de las críticas públicas hacia los productores.
En el imaginario social argentino, los banqueros son personajes mucho menos simpáticos que los productores rurales. Suena lógico que la caza de brujas empiece por la city: resulta difícil imaginar una manifestación en defensa de los dueños de una entidad financiera.
En definitiva, el final del ciclo kirchnerista sigue sorprendiendo: ahora la búsqueda de credibilidad ya no pone el foco en convencer de que las políticas darán buen resultado, sino que existe una conspiración.
No por casualidad, la Presidenta adoptó en los últimos discursos un tono bélico para describir la etapa actual: comparó este momento con la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 y advirtió que "Argentina nunca se rendirá".
Mientras tanto, los miles de "conspiradores" anónimos siguen dando su opinión de la forma en que siempre lo han hecho: en sólo dos días de octubre, pequeños ahorristas compraron en la ventanilla del Banco Central unos u$s2.000 millones desde enero.
fuente: iprofesional
Sábado, 11 de octubre de 2014
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