Economía ¿Se frena el estallido?: arranca el operativo "aguinaldo extra" para desactivar bomba social de diciembre  Ya firmaron Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Rioja el pago de una especie de aguinaldo con suma fija. También se negocia en Tucumán y Salta. Tras el anuncio de medidas de protestas de docentes bonaerenses, es probable que Scioli ofrezca algún acuerdo. La duda es cómo se financia... y quién paga
El convulsionado diciembre de 2013 dejó un reflejo condicionado en la clase política, y en particular en los gobernadores provinciales, que han puesto en marcha un plan destinado a prevenir la repetición de protestas violentas.
Es por eso que, por estas horas, se negocia en varios puntos del país la posibilidad de un pago de fin de año, bajo la forma de bono o aguinaldo extraordinario, con el cual se espera calmar los ánimos sindicales, ya de por sí caldeados tras un año con una inflación del 40 por ciento.
Rápido de reflejos, uno de los primeros en poner las barbas en remojo fue el cordobés José Manuel de la Sota, quien se apuró a firmar un acuerdo con el sindicato de estatales, por el cual se otorgará un pago extraordinario de $1.500 a los empleados provinciales y $750 a los jubilados.
No es casual que el gobernador haya puesto el tema salarial al tope de la agenda -aun cuando ello le implicaría un costo extra superior a los $230 millones- dados los antecedentes del año pasado.
Córdoba, con su huelga policial, había sido el lugar donde se había encendido la chispa de la protesta que se extendió por todo el país, con el saldo trágico de saqueos, represión y muertes.
En la primera camada de provincias "previsoras" se anotaron -además de Córdoba- Santa Fe, San Luis y La Rioja.
El gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, todavía no confirmó el monto, pero los trascendidos apuntan a un suma similar a la de Córdoba.
Ni siquiera quiere esperar hasta fin de año para realizar el pago de este "aguinaldo extra": anunció que se está analizando la forma de incluir la mitad de esa bonificación ya con el sueldo de diciembre.
Y la tendencia es que en los próximos días se conozcan nuevos casos. En Salta, el gobierno de Juan Manuel Urtubey está negociando con las diversas agrupaciones gremiales docentes, que aspiran a una mejora salarial de $1.200 que rija hasta la reapertura de las paritarias, en enero.
En tanto, también en Tucumán -otro escenario de protestas trágicas en el fin de año pasado- hay reclamos por parte de los estatales, que le piden al gobierno de José Alperovich un bono de $4.000 "para paliar la pérdida de poder adquisitivo".
En este caso, no está alejada la posibilidad de un conflicto, dado que el gobierno tucumano había ofrecido un adelanto de un sueldo en diciembre, pero no un plus. Esta alternativa fue rechazada por los sindicatos.
"El 80% de los estatales tiene casi todo su sueldo confiscado por los bancos y tarjetas de crédito. Porque tienen que recurrir al financiamiento para poder llegar a fin de mes. La inflación no da tregua", dijo el dirigente sindical Vicente Ruiz en declaraciones a la prensa.
Y mientras no se llega a un acuerdo en la provincia de Tucumán, se anunció la adopción de medidas de protesta, como un corte de rutas previsto para hoy.
La alternativa de menor costo
Fuentes sindicales consultadas por iProfesional afirman que, para los gobernadores, esta fórmula es la de menor costo financiero, dado que se espera que con este pago queden desactivados los reclamos sindicales por un incremento salarial antes de fin de año.
"La carencia de los salarios es alarmante, por lo tanto, las autoridades lo resuelven barato: dan una suma fija por única vez sin aportes sociales y en negro", dijo Hugo Godoy, secretario adjunto de ATE.
En la última reunión de consejo directivo, el gremio resolvió pedir reapertura de negociaciones a nivel nacional o, en su defecto, un bono de $4.000, en línea con lo resuelto por la CTA de Micheli
Pese a los reclamos elevados por las distintas centrales obreras, la CTA opositora es la única que por ahora anunció medidas de fuerza concretas, que consistirán en un paro nacional con movilización el 20 de noviembre, al que se plegarán los estatales de ATE.
La protesta fue resuelta luego de que el Gobierno rechazara abonar una suma de fin de año por considerar que el aumento de salarios le viene ganando a la inflación.
Sin embargo, el titular de la CTA oficialista, HugoYasky, reiteró el reclamo de un bono universal de $2.500 a fin de año, para atenuar el impacto de la inflación en los salarios de los trabajadores.
Por primera vez en la última década, esta central aliada al Gobierno reconoció que los salarios quedaron por debajo de la inflación, aunque atribuyen la responsabilidad a las presiones internas y externas.
Su sector marchará este jueves a la legislatura bonaerense para discutir el presupuesto de la provincia para el 2015, el cual fue rechazado por la mayoría de los sindicatos públicos, tras denunciar un recorte de hasta 2 puntos porcentuales en las partidas destinadas a educación y salud, mientras se aumentan un 66% los fondos destinados a seguridad.
En cambio, la dirigencia de UPCN, el gremio mayoritario de empleados públicos que forma parte de la CGT oficialista, se mostró escéptica y no prevé cambios para este año en materia salarial.
"Andrés Rodríguez, titular del gremio, ya planteó el pedido y el Gobierno dijo que bono no va a haber", señaló el secretario general de la seccional bonaerense del sindicato, Carlos Quintana.
Financiación se busca
Aun cuando el pago del bono sea la alternativa de menor costo, está claro que no resultará una erogación menor para las castigadas finanzas provinciales.
"En general, están en situación de déficit. Cada punto de suba salarial implica un incremento de $2.200 millones en el gasto total de las provincias", afirma Diego Giacomini, analista de la consultora Economía & Regiones.
De todas formas, el experto considera altamente probable que este pago se generalice, aun con la actual situación de desfinanciamiento e incluso en momentos en que el Gobierno central no aprueba una asistencia financiera para solventar este gasto.
"Puede ser que emitan alguna letra para conseguir financiamiento extra. Pero la realidad es que, por una vía indirecta, estos aumentos los va a terminar cubriendo el Gobierno nacional, porque se seguirá pateando hacia adelante el pago de las deudas provinciales, como viene ocurriendo puntualmente cada tres meses", agrega.
Se adelanta la pulseada docente
La mayor expectativa está puesta sobre la provincia de Buenos Aires.
Con un Conurbano en el que último fin de año afloraron fuertes tensiones, sumado a los problemas fiscales para hacer frente a los reclamos de los sindicatos estatales, el gobierno de Daniel Scioli enfrenta un período complejo por delante.
El funcionario ya debió afinar el lápiz a comienzos de 2014, cuando tuvo que asegurar el comienzo de las clases -tras una huelga de cuatro semanas- y decidió adelantar la moratoria previsional.
En ese momento, el Gobierno nacional se había negado a dar una asistencia financiera a la Provincia. El problema es que no está claro que ahora se pueda dar un escenario diferente.
Scioli, que se encuentra embarcado en plena campaña electoral, difícilmente esté dispuesto a pagar el costo político de enfrentarse a una situación conflictiva, y menos si ésta involucra al gremio de los docentes, habitualmente visto con buenos ojos por la opinión pública.
Por lo pronto, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunciará un paro de 48 horas. La FEB, junto con SUTEBA, integra el Frente Gremial Docente, el cual también congrega a la Unión de Docentes de Argentina (UDA), al Sindicato de Docentes Privados (SADOP) y a la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET).
Esta situación implicó una presión extra para los gremios más cercanos al kirhnerismo.
Es así que el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, citó a un plenario en el que se aprobó sumarse mañana a la marcha convocada por CTA y llamar a un paro.
"Pedimos una reapertura urgente de la paritaria para ver cómo terminamos el 2014. Se discutirá si puede ser un doble aguinaldo o bono. Acá, el punto central es fortalecer el básico, incorporando las sumas que están por fuera", dijo a iProfesional la secretaria general del gremio, María Laura Torre.
SUTEBA es el sindicato de maestros más grandes de la provincia y está alineado con el Gobierno nacional. Pero en el último tiempo, se vio obligado a radicalizar sus demandas por la presión de diversos sectores del ámbito educativo.
El Gobierno provincial tomó nota del clima de malestar que se palpa entre los docentes y, en este contexto complejo, podría llegar a adelantar la paritaria salarial para aplacar los ánimos.
"Lo estamos evaluando", dijo el ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango.
No obstante, el funcionario del gobierno de Daniel Scioli aclaró que "existe un dato que no se puede soslayar, que es la existencia de la paritaria nacional docente que pone condicionamientos para que se cierre un acuerdo".
Según pudo averiguar este medio, la intención de las autoridades bonaerenses es convocar a una mesa de negociación para noviembre, pero reconocieron que el llamado no implica que se cierre un acuerdo antes del verano, al tiempo que tampoco garantizaron que se debata la exgiencia de un bono.
"Hay alerta, porque si se suman más provincias, la presión va a ser más fuerte, y una compensación de este tipo impacta sobre toda la economía provincial, incluido el sector privado", advirtieron fuentes de la cartera laboral provincial.
La duda es si el Gobierno nacional repetirá la situación de comienzos de año, cuando no asisitó a Scioli.
Aunque una buena parte del núcleo duro del kirchnerismo sigue resistiendo al gobernador bonaerense, hay motivos para pensar que la actitud podría haber cambiado.
"Existe otra realidad política. Muchos están asumiendo que Scioli es el candidato del oficialismo. Así que puede contar con las espaldas financieras del Gobierno", arriesga Giacomini.
Además, la experiencia de principios de año demostró que la estrategia de "tercerizar" culpas hacia Scioli no le ha resultado un buen negocio político al kirchnerismo.
Más bien al contrario, las encuestas demostraron que, en situaciones así, la opinión pública tiende a molestarse más con las autoridades nacionales que con las provinciales.
Los economistas confirman esta apreciación. En este sentido, el analista Federico Muñoz argumenta que Scioli podría ser visto, a ojos de la sociedad, como una víctima de la política que ha instrumentado Cristina.
Fuente: Iprofesional
Miércoles, 29 de octubre de 2014
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