Economia Envían al Congreso un paquete de medidas para el sector agropecuario  El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de tres proyectos de ley para fortalecer la promoción de la producción agropecuaria, al tiempo que firmó cinco convenios de corresponsabilidad gremial con distintos sectores agrícolas que permitirán la regularización de trabajadores no registrados. Fue durante un acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de Casa de Gobierno, que encabezaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; y de Trabajo, Carlos Tomada.
Los acuerdos de corresponsabilidad gremial firmados por Tomada comprenden a los sectores forestal y ganadero de Chaco, la Asociación Tucumana de Citrus, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y al sector hortícola de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los proyectos que serán enviados al Parlamento declara de interés nacional las cuestiones sobre fitosanidad y sanidad animal, y le otorga “funcionalidad y soporte jurídico” al Senasa. Otro proyecto, en tanto, amplía la injerencia del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y la última iniciativa busca ordenar la producción agrícola.
En lo que respecto al Instituto de Carne Vacuna, la iniciativa propone cambiar la denominación del IPCVA por el de Promoción de Carne Argentina para que abarque, además de la carne bovina, a la porcina, aviar e ictícola.
"Tiene como propósito ampliar su trabajo respecto del accionar de todas las cadenas de producción de carne, orientado tanto a la exportación como al consumo interno”, dijo Casamiquela.
Sobre el proyecto de ley de Acuicultura, explicó que tiene el objetivo de ordenar la producción de peces en agua dulce y en agua salada, teniendo en cuenta la enorme superficie acuífera con la que cuenta el país: “Vale la pena el ordenamiento del sector porque tiene una gran proyección en el consumo interno y en la exportación”, señaló el ministro.
Además anunció que se está avanzando en la elaboración de otro proyecto para determinar el destino –su destrucción o reciclaje- de envases vacíos que contuvieron agroquímicos para “encarar la solución a uno de los problemas para la sostenibilidad ambiental” que generan “los 18 millones de envases que quedan en la superficie”.
En tanto, los cinco acuerdos de corresponsabilidad social firmados hoy, que se suman a otros 15 suscriptos desde 2010 a la fecha, permitirán alcanzar los 150.000 trabajos registrados bajo los convenios de corresponsabilidad gremial.
“Este es un nuevo paso en esta verdadera campaña a favor de la registración de los trabajadores rurales”, expresó el titular de la cartera laboral, al tiempo que ponderó que los convenios de corresponsabilidad gremial “son un instrumento a través del cual hemos avanzado en la regularización del trabajo y en el incremento de la cobertura de las políticas de seguridad social”.
Según Tomada, “apuntan a cambiar la vida de los trabajadores para que sean sujeto de derecho”, a la vez que buscan “estimular al sector empleador para que también se sume a esta campaña” ya que “requieren de una enorme participación de todos los actores sociales” y una articulada adecuación de distintas áreas del Gobierno nacional, provincial y municipal.
Capitanich, en tanto, explicó que, dado el carácter temporal de determinadas actividades rurales, los convenios de corresponsabilidad gremial permiten constituir un fondo de seguridad social.
“Es un sistema muy creativo que ha permitido, a través de Ley 26.337, la expansión de los beneficiarios y la cobertura de seguridad social”, consideró el jefe de Gabinete y precisó que, desde los 826 trabajadores registrados relevados en 2011, con estos convenios se alcanza a 150.000.
Aseveró que “se trata de incentivos alineados para garantizar la inclusión social y el desarrollo armónico entre los distintos actores”. “Estamos reivindicando una política pública que ha pensado en el empleado rural como un eslabón débil de la cadena”, concluyó.
Capitanich definió a los convenios como una “reivindicación legítima de los derechos del trabajador rural” y agregó que “permite defender el empleo a través de políticas activas, luchando contra la informalidad”.
Explicó, a su vez, que el sistema se basa en “un diferimiento de los aportes patronales a través de una tasa sustitutiva con la que se crea un fondo de seguridad social” y remarcó que mediante los convenios los empleadores logran que “una reducción del 50 por ciento de los aportes el primer ciclo y de un 25 por ciento el segundo ciclo, con posibilidad de prórroga”.
A su vez, señaló que el sistema contempla el carácter estacional de las cadenas productivas incorporadas al mismo.
fuente: telam
Viernes, 7 de noviembre de 2014
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