Opinion Denuncian que se permite ocupación ilegal de tierras con complicidad política y judicial  El productor agropecuario Eduardo Lirussi afirmó que en La Leonesa “el hecho real y concreto es que siendo dueño de campos, he padecido usurpaciones en diferentes zonas y de distinta naturaleza, por parte de intrusos quienes posteriormente se arrogan la potestad de propietarios, o poseedores de derechos, a partir de la venia, el asentamiento o la inacción del poder político, policial y judicial. Y con el consentimiento explícito de órganos administrativos”. “Al parecer, y según frecuentes comentarios de lugareños, el intendente de La Leonesa sería un eslabón que propicia tales ocupaciones, pretendiendo (en el caso de este personaje) forzar finalmente la transferencia de los inmuebles. De tal manera opera la política”, dijo el empresario por medio de un texto con su firma que entregó en la Redacción de Norte.
A la vez señaló que “el comisario Flores, a cargo de la jurisdicción, en cada ocasión que se requiere una medida judicial eleva (de modo realmente inaudito e inconcebible) mentirosos informes que nada tienen que ver con sus facultades, siendo la resultante de tales operativos: negativos, incompletos, preavisados o fingidos. En suma inútiles. Lo insólito es que cierto sector de los dominios referidos se contrarían ocupado por su mujer”.
Los casos
Lirussi sostuvo que como “propietario de tierras situadas en la de La Leonesa y aledañas, y habiendo adquirido las mismas de forma legítima del Estado Nacional (ex ONABE), instrumentando como se debe las actas y contratos pertinentes (construcciones, demarcaciones y mejoras incluidas) hace años que vengo siendo objeto de usurpaciones, daños, hurtos, robos, estafas y persecuciones”.
Entiende que “todo ello siendo solo en virtud de poseer tierras con total y pleno derecho, que (paradójicamente) para los poderes públicos sería lo que pareciera configurar un delito”.
Así apuntó que “no viene al caso enumerar la cantidad de denuncias en comisarías, fiscalías, actuaciones rurales, de juzgados penales y civiles, o administrativas que se vienen sucediendo con el devenir del tiempo” y que así “existen ocasiones en que la sensación de desprotección que un ciudadano pueda sufrir por parte de distintos poderes o estamentos del Estado se torna inadmisible”. “Es lo que acontece con el suscripto, productor rural, ganadero, que obtiene recursos a través de su denodado trabajo, esfuerzo y sacrificio desarrollados a lo largo de extensos años. Sumado a ellos las penurias propias que tenemos que atravesar quienes nos dedicamos a estas labores”, añadió.
Las circunstancias
El productor afirmó “lo que no he escogido son las circunstancias que rodean esta situación, que agravan notoriamente no solo mi economía o mi patrimonio, sino fundamentalmente mi estado de salud, de ánimo, y produce un quebranto espiritual a mi grupo familiar, así como innumerables inconvenientes en mi entorno laboral y social”.
Por ello dijo “la titularidad que ostento sobre las fincas aludidas es indiscutible y no puede siquiera poner en tela de juicio. Se encuentra plenamente acreditada con Actas de Tenencia, Contratos de Compraventa, RENSPA original, por razón de acciones legales para regularizar pagos o cobros, por fallo de distinto grado, sentencias condenatorias en Cámara Criminal y confirmada categóricamente por nuestro Superior Tribunal de Justicia”.
“No obstante en cada oportunidad que se produce una invasión, las fiscalías intervinientes proceden con una lentitud que torna ilusoria cualquier expectativa; o no se toman las medidas conducentes; o bien archivan expediente, se lo sacan de encima. El volumen de trabajo es la excusa perfecta para adoptar la conducta más sencilla y más cómoda (e inapropiada)”, consignó.
Lirussi aseguró que “existen causas en las que, siendo el Ministerio Público Fiscal quien de oficio debe tutelar a las personas, hay que obligar o rogar respuestas temporáneas, a pesar de la batería de escritos que se presente. Con el consabido perjuicio que se soporta en todo el ínterin. Una invitación por parte de las autoridades a que se sigan generando conflictos de toda índole, y probablemente hasta un preanuncio de males mayores”.
Lamentó que “se le impide, dilata, estorba o dificulta al verdadero dueño la posibilidad de controlar la hacienda, cultivos, pertenencias, o mínimamente integrar al lugar. Cuando o consigo, naturalmente las ausencias y deterioros ya están consumados. Los ocupantes se valen de mecanismos o remedios legales y de hecho los más inaceptables”.
Esto lo llevó a señalar que “policías, políticos, comunidades de productores rurales, ganaderos, peones, delincuentes. Todos parecen tener la facultad de usufructuar a gusto y piacere de la zona o sector que más les agrade y elijan instalarse. Sería interesante que en la magnánima concepción se les confiera las mismas potestades para ocupar inmuebles o propiedades de los funcionarios. No es así; solo usted, ciudadano común, así como yo, estamos expuestos al desamparo”.
Fuente: diaironorte
Lunes, 12 de septiembre de 2016
|
