Política Superada la crisis por traspaso, los jueces están inquietos por los salarios  La caída del artículo incluido en la ley ómnibus llevó tranquilidad, aunque la preocupación ahora está puesta en cómo se financiará el Poder Judicial. La sombra por detrás de Sturzenegger y los verdaderos motivos de la jugada. El tema excluyente para los jueces durante enero no fue el tratamiento del DNU y sus diversas contingencias en tribunales, sino que la preocupación principal pasó por la amenaza oficial del traspaso de la justicia nacional contenido en el proyecto original de la ley ómnibus. Ese frente quedó despejado con la exclusión del artículo en el dictamen recortado y la promesa de que debía, en todo caso, ser discutido en sesiones ordinarias, con un proyecto aparte.
Ese horizonte los mantiene alertas pero se vuelve difuso en un contexto económico y político con otras urgencias acuciantes. Los jueces respiraron, luego de frenéticas negociaciones que encabezaron desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), con su presidente, Andrés Basso, a la cabeza. Debieron golpear las puertas de todos los bloques legislativos y del Ejecutivo sin poder hallar nadie que estuviese especialmente interesado en sostener el tema dentro del paquete de reformas. Entonces, ¿quién lo impulsaba? Se deberá mirar a alguien que está por fuera del Gobierno pero cuya incidencia intenta ser determinante para los próximos meses si la administración de Javier Milei ingresa en una crisis política.
Sin embargo, ahora el asunto que sobrevuela con mayor inquietud los tribunales se equipara en algún punto con el del resto de la población: los salarios. Los del Poder Judicial, cláusula de enganche mediante, extienden la zozobra a toda la administración de justicia. Como adelantó Ámbito, la inicial buena sintonía que el mundo judicial tenía con Milei y su exaltación a la independencia judicial como meta iba a ser puesto a prueba cuando se discutiera su recomposición salarial, en el marco de un presupuesto 2023 reconducido que, con mucho inflador, alcanzaría para solventar gastos hasta mayo. Después –como en muchas otras áreas de la administración pública- es una incógnita. “Ubi est mea”. De reojo, observan lo que puede ser una crisis de gobernabilidad en torno al futuro de la ley ómnibus y su friccionada discusión legislativa que fue cualquier cosa menos ordenada.
De todos los grupos políticos, los principales interesados en activar (e incluir) el traspaso de la justicia nacional estaban dentro del PRO. Federico Sturzenegger fue el artífice de insertarlo en el mega paquete de reformas mediante el artículo 439 con dos objetivos en la mira: la justicia laboral, a la que tienen en peor estima y buscaban absorber en CABA, y la tentación que implica subordinar a las Cámaras Nacionales al señoreo del Tribunal Superior de Justicia porteño, una maniobra que ya había sido intentada en el trámite comercial de la causa “Correo” que tiene como principal interesado de siempre a Mauricio Macri. Basso trazó una estrategia mesurada pero sigilosa para encarar no solo al Ejecutivo, sino a los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal (Pichetto), el bloque de 8 diputados que responden a los provincialismos y hasta Unión por la Patria, donde la consejera Vanesa Siley acompañó la postura de los magistrados, una diferencia con su colega Rodolfo Tailhade que se había mostrado a favor de que la justicia nacional fuese traspasada.
El juez –tal como relató ante los presidentes de las Cámaras Nacionales, menos habituados al roce con la política y más propensos al pánico que les daban todas las señales sobre el avance veloz de la ley- buscó primero justificar en los impedimentos técnicos que condicionaban un eventual traspaso. El problema fue que se encontraron con muy poco entusiasmo en interpretar la complejidad de la maniobra. Entonces, con el blindaje institucional que proveyó la AMFJN pasaron a la instancia de exponer las inconveniencias políticas de llevarlo a cabo, con un efecto superador. En el medio, el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona también sinceraba la postura de LLA que plasmó el tema en su plataforma electoral pero lo imaginaba para un cuarto año de gobierno, recién. Adicionalmente, expusieron una inconveniencia presupuestaria: de los 21 mil sueldos que se pagan, el 40% está concentrado en la justicia nacional. Un traspaso implica la transferencia de fondos automática, como ocurrió con el de la policía. ¿De dónde saldría el dinero? De la coparticipación primaria, lo que no tenía incidencia en el argumento siempre esbozado de que no había motivos para que las provincias solventen tribunales que solo operan en los límites de la Capital Federal. Para los jueces, el tema traspaso es la madre de todas las batallas. Así lo había esbozado el propio Basso en la cena de fin de año de la AMFJN donde con Cúneo sentado en la mesa principal impugnó la iniciativa con especial énfasis. Fue un debut complejo a varias bandas.
En el mismo sentido, Marcelo Gallo Tagle lo tuvo que resumir en los cuatro minutos que le dieron en el plenario de comisiones. Pese a lo breve, el objetivo, los jueces lo cumplieron. Se articuló no solo con el Ejecutivo y el Congreso, sino con la Corte Suprema y los gremios de trabajadores judiciales y la Asociación de Fiscales para el juego de pinzas que no estuvo exento de obstáculos. El argumento más potente fue que se iba a convalidar el traspaso en el marco de la concesión de facultades delegadas, lo que prácticamente permitía al Ejecutivo a tener un pleno dominio sobre el Judicial a sola firma. Para entonces, hasta el PRO comenzó a dividirse en tribus que retiraban apoyo.
Con un primer guiño en la primera poda del dictamen, y la confirmación oficial de que desistían de la propuesta, la sorpresa llegó de la mano del dictamen “blue” que se confeccionó en una noche y es objeto de múltiples controversias. El artículo del traspaso reapareció bajo otro número en las copias que circularon frenéticamente en los chats judiciales. La confirmada postergación indefinida y en sesiones ordinarias alejó el peligro y tuvo sabor a victoria. Para la política no es tema, sin embargo, la carambola estuvo cerca de colarse en la discusión general. Por eso, la desesperación recién se calmó cuando apareció la versión “oficial” del dictamen sin ninguna referencia, tal como había prometido el Gobierno a través de Basso. A la par, la Ciudad con Jorge Macri anticipó su proyecto de crear un fuero laboral propio. Esto revela cuál es el eje de fondo y se asemeja a una resignación. Si ese proyecto avanza, la transferencia de competencias va a ser parte de otra discusión.
Mientras tanto, el Gobierno sabe que debe pasar el trance de la ley pero se entusiasma con algunos proyectos judiciales. El principal, por el trasfondo y como guiño es el de autonomía financiera que podría ser un puente de plata (en doble sentido) para recomponer el primer “enfrentamiento”. Lo mismo para mostrar el medio centenar de pliegos que aguardan su reingreso al Senado. Interpretan que puede ser un gesto para los judiciales y que hay nombres que van a sorprender por lo ecuánime de la selección. También se alista una nueva “comisión” pero para discutir una reforma integral del Código Penal que combine propuestas tanto del diseñado por el equipo de trabajo del camarista Mariano Borinsky como el que en su momento lideró Roberto Carlés, durante el último gobierno de Cristina de Kirchner. Propuesta para la Corte y para la Procuración General asoman como una utopía en este contexto, salvo que sorprendan con un nombre que no haya sonado hasta el momento. El intento de presentar una interna dentro de Ministerio de Justicia entre Cúneo Libarona y su segundo Sebastián Amerio oculta otra batalla en ciernes que tuvo emergente con el “lobby de la corrupción” que postula eventuales funcionarios o desliza sospechas de pactos espurios, para esmerilar a Cúneo y a quienes ocupan lugares en la OA, la UIF y demás sitios que reciben insumos que, entre 2016 y 2019, fueron de gran utilidad para el entonces oficialismo. Hay un único animador capaz de articular el fuego a discreción desde tantos frentes y desde el propio quinto piso del Ministerio de Justicia.
Fuente: Ámbito Financiero
Miércoles, 31 de enero de 2024
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