Ley antidespido Negociación contrarreloj para evitar el veto: el PRO y Massa buscan nuevo proyecto de emergencia laboral "light"  En medio de los temores del sector empresario por un posible aumento de la "industria del juicio", existen intensas gestiones para lograr una iniciativa alternativa. En medio de los temores del sector empresario por un posible aumento de la "industria del juicio", existen intensas gestiones para lograr una iniciativa alternativa. Tanto el Gobierno como una parte de la oposición peronista harían concesiones y buscarían evitar una situación de choque
La "muñeca" política del Gobierno -y, en particular, de sus operadores en el Congreso- se está sometiendo a su prueba más dura en estas horas.
El proyecto de emergencia laboral -que impone la doble indemnización por despido- logró unir a toda la oposición y pone al macrismo en el dilema de dejar pasar una ley que considera nociva o exponerse tempranamente al desgaste político de un veto.
Es por eso que hay intensas gestiones contrarreloj para lograr uno alternativo, para el cual tanto el Gobierno como una parte de la oposición peronista harían concesiones pero evitarían la situación de choque en el Congreso.
Hasta ahora, si bien las comisiones de Trabajo de las cámaras de Diputados y Senadores emitieron dictámenes favorables a los proyectos que declaran la emergencia ocupacional y duplican la indemnización en caso de que un trabajador sea despedido, lo cierto es que dichas propuestas no cuentan con el apoyo total de los bloques que la impulsaron o que buscan frenarlas.
Y es allí donde los operadores macristas perciben una incipiente fisura opositora que podrían explotar a su favor.
El principal temor de los empresarios es que se impulse aun más la industria del juicio y deban tener que pagar doble indemnización por trabajadores que se consideren despedidos.
Además, muchas empresas se encuentran en una situación límite, por lo que un proyecto de estas características pondría un freno a cualquier intento de despedir personal.
En primer lugar, dentro del massismo, el diputado Ignacio de Mendiguren, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a ponerse el traje de empresario y cuestionó la iniciativa.
En tanto, su compañero de bloque, Facundo Moyano, de extracción sindical e hijo del líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) Azopardo, fue uno de los que más luchó por impulsarlas.
La duda está en saber cómo votará el bloque del Frente Renovador en caso de que las propuestas lleguen al recinto en el corto plazo.
En segundo lugar, la controversia se da también dentro del propio macrismo, entre:
- Aquellos que esperan el decreto del presidente Mauricio Macri que vete la norma en caso de que sea sancionada
- Quienes proponen que se declare la emergencia por un plazo corto, a cambio de que se facilite tiempo al Gobierno para impulsar su plan económico, ya concluido el conflicto con los holdouts.
Es que el posible veto no es visto con buenos ojos por la oposición y las centrales obreras, que comenzarían a realizar medidas de fuerza en caso de que el Presidente rechace la ley.
Los legisladores Facundo Moyano y Héctor Recalde, ex asesor de la CGT y titular del bloque kirchnerista en la cámara baja, advirtieron que tal medida presidencial sería "arbitraria".
"El veto es una posibilidad que la da la Constitución, un derecho. Frente a este derecho se lazan dos caminos: la voluntad parlamentaria, si se consiguen los dos tercios, que acaban con la voluntad del Presidente", describió Recalde al anunciar que los legisladores podrían desechar el veto cuando se trate en un futuro en el recinto.
"El segundo camino es denunciar el abuso de derecho. Hay jurisprudencia en la Corte Suprema sobre la declaración de inconstitucionalidad de un veto", adelantó el abogado laboralista.
Desde el Gobierno adelantaron que "si avanza el proyecto que establece el doble despido, el Presidente tiene las herramientas para impedir su aplicación", por lo que no avalarán políticas que "perjudican a los argentinos". En otras palabras que el Ejecutivo vetará si se sanciona la ley.
Ante las consecuencias negativas que esto podría tener, el macrismo podría ceder un poco y negociar una emergencia laboral “light”. Además, saben que el Frente Renovador está dividido en este proyecto, por lo que confían en lograr el acuerdo.
En ese sentido se expresó el diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien puso en duda la posibilidad de que Macri haga uso del veto. "No dijo que la vetaría, sino que era una mala ley", afirmó.
Además, señaló que “aspiran a ponerse de acuerdo” porque no quieren dañar a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo.
¿Cómo votarán?
Un sector del macrismo tratará de que la iniciativa se frene, pero en caso de que continúe quiere proponer un proyecto que declare la emergencia laboral cuando se cumpla una determinada circunstancia o que su duración sea de un corto período.
La iniciativa que propuso Cambiemos en la reunión de comisión -que estipulaba que se habilite una vez que el índice de desocupación difundido por el INDEC supere el 10%- ya fue rechazada.
Ahora, estarían buscando un plan intermedio para evitar que Macri la vete una vez que sea aprobada por el Congreso.
En caso de que no sean tenidos en cuenta, prefieren que avance la propuesta del Senado que contempla:
- Seis meses de emergencia, no retroactiva y que obliga al trabajador entre optar por la reinstalación o la doble indemnización.
En lugar de la de Diputados que propone:
- Casi dos años de emergencia, retroactiva al 1 de marzo y que obliga a reinstalar a los empleados públicos -cesanteados desde esa fecha- o a duplicar el resarcimiento de los asalariados del sector privados desvinculados.
Ambos proyectos fueron impulsados por los diputados que centrales sindicales tienen en el Congreso, pero encontraron un amplio rechazo dentro del arco empresario (que también cuenta con legisladores cercanos).
¿Por qué? Porque lo considera “un obstáculo para la inversión y la generación de nuevos empleos”.
Sea cual fuera la iniciativa que avance, Cambiemos no tiene mayoría y la oposición podría avanzar por sí misma.
Incluso, podría votar con los dos tercios una vez que la norma sea vetada y transformarla igualmente en ley.
Pero en este caso, habrá que ver la postura que tomen los diputados vinculados a sectores patronales, ya que tendrán que elegir entre seguir al bloque o a sus convicciones.
El jueves, más de 200 pequeños y medianos empresarios participaron de un encuentro organizado por De Mendiguren, quien también es titular de la Comisión de Industria de Diputados, para discutir sobre la iniciativa.
En ese marco, señaló que "la solución es adoptar una perspectiva propositiva y no de castigos", ya que la "prioridad es preservar los puestos de trabajo con incentivos y herramientas que no sean parches".
Aseguran que una normativa de este estilo, aumenta la conflictividad en lugar de alentar la creación de nuevos empleos.
Todos los compañeros de bloque de De Mendiguren en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados habían apoyado, junto a las demás vertientes peronistas, el dictamen del proyecto que tiene en vilo a los empresarios.
De mayor peso aun fue el pronunciamiento público de Roberto Lavagna.
El referente económico más influyente del Frente Renovador planteó las mismas reservas que el oficialismo: “Creo que puede terminar perjudicando al empleo"
"En particular, en el sector de las pequeñas empresas, que se juegan la vida si deben pagar una doble indemnización o si se les impide despedir a alguien”, dijo el exministro de Néstor Kirchner.
El final todavía es abierto, pero al Gobierno le quedan algunas cartas por jugar.
Sobre todo, la posibilidad de contar como aliado a Sergio Massa que, en estos momentos, debe sentirse en una de sus situaciones más incómodas.
Sucede que la mayoría de su bloque parlamentario quiere dar una señal contundente ante la ola de despidos pero, al mismo tiempo, él no puede permitirse apoyar con puntos y comas un proyecto que ha tenido el rechazo del propio Lavagna y de todo el sector Pyme.
Fuente: iprofesional.com
Sábado, 23 de abril de 2016
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