Economía La Sociedad Rural presentó un amparo contra las retenciones  La entidad alega que el Poder Ejecutivo ya no tiene la facultad para fijar y cobrar retenciones desde el 1 de enero por no contar con la Ley de Presupuesto. El planteo terminaría siendo tratado por la Corte Suprema.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentó ayer en los Tribunales de la provincia de Córdoba un amparo para trabar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije y cobre derechos de exportación. Las entidades rurales reclaman desde comienzos de año que el cobro de retenciones que está concretando el Gobierno es anticonstitucional.
La historia se remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán, se buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.
Lo cierto es que El Gobierno no consiguió finalmente que el Congreso aprobara el Presupuesto 2022 y a partir de ahí se abrió un marco de interpretación por la norma en cuestión. Es por eso que ahora los ruralistas salieron con los tapones de punta abriendo también la posibilidad de que se sumen más presentaciones por vía judicial de otras entidades rurales y productores particulares.
“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la conferencia de prensa realizada ayer.
Pino señaló además que “se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento”, y dijo que luego quedará para el Poder Legislativo establecer “cuál puede ser el mejor sistema tributario”.
Lo cierto es que el Gobierno todavía cuenta con algunas alternativas para modificar las retenciones, la primera sería recurrir al Congreso, algo que parece improbable ante la dificultad que afrontaría para conseguir una votación a su favor; la segunda, sería apelar al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto.
Concretamente, desde el Gobierno se argumenta que el cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota, y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina.
De esta manera también estos dos artículos son objeto de discusión sobre su validez. Para algunos constitucionales no serían legales y para otros sí, e incluso hay proyecto de ley presentados por diputados para pedir su derogación.
Mientras tanto se abre un debate por una cifra millonaria, ya que según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario el campo aportaría este año, vía derechos de exportación (DEX) alrededor de u$s9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas u$s200 millones superior. En pesos, la recaudación en DEX superaría el billón de pesos este año, estimándose en $1.170.844 millones.
Por lo pronto, según se especula, por tratarse de un planteo de constitucionalidad, es probable que termine definiendo la Corte Suprema.
Fuente: Ámbito
Martes, 22 de febrero de 2022
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