Economía Tarifas segmentadas pero cuestionadas: proponen aumento del 20% en el gas en la primera audiencia pública  Este jueves se desarrolló la primera audiencia pública por las tarifas energéticas, en la que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio del gas natural para los usuarios sin tarifa social. Para los que posean ese beneficio, se mantendrán los valores vigentes, según el planteo oficial.
El esquema fue presentado ante la audiencia pública, que se desarrolló con modalidad virtual, por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla. el encuentro comenzó este martes y se desarrollará a lo largo de tres jornadas consecutivas, es decir hasta el jueves. Las tres jornadas de debate público constituyen el primer paso para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio.
La primera de las tres jornadas estuvo centrada en considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Maggie Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería hacer ninguna corrección” en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.
En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como “el común de los ciudadanos”, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%. En consecuencia, los incrementos para estos usuarios deberían ser, según los ejemplos presentados por la funcionaria en la audiencia, del 18% al 25,5%.
Como síntesis, la subsecretaria señaló que “los usuarios sin tarifa social, el común de los ciudadanos, tendríamos un incremento del 20% en las facturas”. La funcionaria remarcó la “convicción” del Gobierno para que “las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios”.
La mayoría de los expositores que participó de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.
Solicitaron, además, una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.
La audiencia duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.
Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que “no es un momento oportuno”, y que su aplicación “afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público”.
En el mismo sentido se expresó Raúl Zavalía, de la Fundación Pro Vivienda Social, quien sostuvo que “es paradójico que estemos discutiendo las tarifas cuando el 50% de las familias argentinas no tienen acceso a la red de gas”, además de advertir que “lo que nos ahorramos a través de los subsidios lo pagamos a través de la inflación”.
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó su “desagrado” por haberse establecido un tiempo de exposición de cinco minutos en vez de diez como en las audiencias anteriores; en tanto Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), reclamó más información sobre “los verdaderos costos” y las ganancias de las licenciatarias, para que “el crecimiento sostenido de nuestra economía no se lo lleven cuatro o cinco tipos”.
La revisión del esquema de subsidios energéticos fue uno de los puntos acordados en marzo último entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al anunciarse el refinanciamiento de la deuda de US$45.000 millones que el país mantiene con el organismo multilateral de crédito.
Fuente: pagina12.com.ar
Miércoles, 11 de mayo de 2022
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