YPF YPF podría perder u$s1630 millones en un juicio  En las próximas semanas, la petrolera debe enfrentar una causa en París por un corte de gas efectuado a una firma de Brasil. Tras la expropiación, la empresa estatizada sigue enfrentando dificultades económicas. Además de la abrupta caída de su valor en la bolsa de Nueva York, el CEO Miguel Galuccio tendrá que gestionar el final del arbitraje por una demanda generada por las brasileras Companhia de Gas do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgas) y AES Uruguaiana Emprendimientos (AESU).
Fuentes ligadas al proceso judicial señalaron que "es altamente probable" que la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, falle a favor de las firmas de Brasil, según indicó el diario La Nación.
Desde YPF no hacen los mismos cálculos. Sus voceros destacaron al mismo matutino que “no existe una decisión del tribunal arbitral, porque tiene fecha para laudar hasta el 31 de diciembre". De esta forma, estiman que toda evaluación de la situación se trata de una “especulación”, y auguran que la estatizada tiene “sólidos fundamentos” para que la causa vire a su favor, ya que el cese en el envío del gas fue una decisión del Gobierno en ese momento, no de la compañía.
No obstante, es probable que tenga peso en los jueces arbitrales el cambio de manos reciente en la emblemática petrolera. “Si antes YPF podía argumentar, como lo hizo ante los árbitros, que tomó una decisión por razones de fuerza mayor, ahora el dueño de la empresa, el Estado, es el mismo que tomó la decisión de cortar el gas”, estimó una de las fuentes del diario.
El otro demandante importante en la causa es la firma Transportadora de Gas del Mercosur (TGM, controlada por las firmas Tecpetrol Internacional, del grupo Techint; CGC, Total Gas y Electricidad Argentina, y RPM Gas), que pide un resarcimiento por US$ 330 millones – el pedido de AESU es por US$ 1300 millones-.
Hace 8 años, el gobierno nacional decidió dejar de enviar gas al exterior (Brasil y Chile) para satisfacer la demanda de abastecimiento del mercado doméstico. La dificultad en el proceso judicial está en que la empresa ahora nacionalizada sólo tendría pruebas débiles para deslindar responsabilidades sobre la medida (aparentemente, unos correos electrónicos). Ahora bien, los abogados argentinos creen que habrá un escenario de “empate”, con compensaciones cruzadas.
La demanda, originariamente por US$ 1052 millones, tiene relevancia ya que las firmas brasileñas perjudicadas habían construido una central eléctrica de que operaba con base a gas. Ante la falta del insumo, el proyecto quedó paralizado.
Infobae
Viernes, 16 de noviembre de 2012
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