Economía Los cambios en las jubilaciones que ya evalúa el Gobierno para bajar el rojo fiscal  En un equipo económico obsesionado por encontrar lugares en los que recortar gasto, el sistema de seguridad social aparece como un candidato de primer orden. Entre las opciones que barajan los funcionarios figura un retoque en la fórmula de cálculo
De las medidas que el Gobierno pondrá en ejecución después de las elecciones, algunas ya se dan casi por descontadas.
Entre ellas, el convenio con los gobernadores (en el que ya se está avanzando) para ponerle claros límites al giro de fondos.
Entre aquellas otras que están en carpeta figura una que, ya se anticipa, suscitará controversias políticas.
Se trata de la venta de las acciones de gran cantidad de importantes empresas que el Estado posee tras la eliminación de las AFJP.
Es una caja siempre apetitosa, que actualmente asciende a unos $180.000 millones, según los valores de mercado que tienen los diferentes papeles que componen "la canasta".
En cuanto a la reducción de gastos, varios funcionarios estarán abocados en los próximos "largos" meses a un relevamiento -renglón por renglón- de las erogaciones estatales.
Algunos integrantes del Palacio de Hacienda ya han comenzado con esta tarea. Como, el viceministro, Sebastián Galiani, que le dedica la mayor parte de su tiempo.
Por lo pronto, los funcionarios detectaron que hay erogaciones que vienen duplicadas y hasta triplicadas desde épocas del kirchnerismo.
La mira en las jubilaciones
Con suma cautela, pero sin quitarle la atención, en distintas reparticiones pusieron en marcha un plan que podría derivar en una amplia reforma del sistema.
Y, acaso lo más novedoso, lo notaron firme en la idea de que "algo hay que hacer" en materia fiscal, y de que el ordenamiento de las cuentas públicas le permitirá lograr un crecimiento económico perdurable.
Los últimos trabajos que le acercaron tanto Nicolás Dujovne como desde la Jefatura de Gabinete señalan que en este 2017 se podrá cumplir con la meta de un déficit equivalente al 4,2% del PBI.
Los funcionarios le advirtieron al presidente Macri de que "algo hay que hacer" para lograr la baja desde ese porcentual al 3,2% que fija la meta de rojo fiscal presentada por el equipo económico.
Aún cuando el Banco Central persista en su meta inflacionaria del 17% para este año, nadie le va a cuestionar un exceso de algunos puntos.
También está al tanto de la preocupación que genera el déficit de las cuentas públicas.
"Algo vamos a hacer", es lo que señala.
¿En qué está pensando para alinear la pauta fiscal? Desde el entorno de Dujovne dan una pista: "El 56% del gasto público son jubilaciones y el presupuesto del PAMI".
"Ya se notificaron los próximos aumentos en las tarifas de luz y gas. Falta definir los del transporte. Pero la verdad es que ahí, en el renglón de los subsidios, ya no queda demasiado por recortar".
De las medidas que el Gobierno pondrá en ejecución después de las elecciones, algunas ya se dan casi por descontadas. Entre ellas, el convenio con los gobernadores (en el que ya se está avanzando) para ponerle claros límites al giro de fondos.
Entre aquellas otras que están en carpeta figura una que, ya se anticipa, suscitará controversias políticas.
Se trata de la venta de las acciones de gran cantidad de importantes empresas que el Estado posee tras la eliminación de las AFJP.
Es una caja siempre apetitosa, que actualmente asciende a unos $180.000 millones, según los valores de mercado que tienen los diferentes papeles que componen "la canasta".
En cuanto a la poda de gastos, varios funcionarios estarán abocados en los próximos "largos" meses a un relevamiento de las erogaciones estatales.
En rigor de verdad, algunos integrantes del Palacio de Hacienda ya han comenzado con esta tarea. Como, el viceministro, Sebastián Galiani, que le dedica la mayor parte de su tiempo. Desde Jefatura de Gabinete, un ex JP Morgan, Vladimir Werning, lo complementa.
Los funcionarios detectaron que hay erogaciones que vienen duplicadas y hasta triplicadas desde épocas del kirchnerismo.
La mira en las jubilaciones
Con suma cautela, pero sin quitarle la atención, en distintas reparticiones pusieron en marcha un plan que podría derivar en una amplia reforma del sistema previsional.
El primer paso en este sentido ya fue publicado en Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca: la convocatoria a una comisión interdisciplinaria para la transformación del sistema jubilatorio.
La Resolución 188-E/2017 planteó la redacción de un nuevo Código de la Seguridad Social. Anticipa que "se requiere de modificaciones profundas", que deben abarcar a todas las prestaciones (jubilaciones y pensiones, por ejemplo).
Para redactar la reforma previsional, la comisión tendrá 180 días.
Ese paso en falso tuvo que ver con un retoque en la fórmula que se utiliza para el cálculo de la actualización semestral de los haberes.
Este retoque formó parte de la lista de recomendaciones que el FMI había dejado en su última revisión de la economía.
Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, aportó algunos datos
- Habrá una modificación para quienes se quieran jubilar sin contar con los 30 años de aportes al sistema.>/B>
- Para ellos, en lugar de la actual "moratoria", habrá una pensión por vejez a los 65 años.>/B>
- Esto abarcará, entre hombres y mujeres, a un equivalente al 80% de la jubilación mínima.>/B>
- Este cambio tendrá un ahorro fiscal por doble vía: contempla un diferimiento de cinco años en la edad de las mujeres y un menor reconocimiento en los haberes.>/B>
El gasto asociado a "Jubilaciones y Pensiones contributivas" asciende a $61.000 millones
En el primer trimestre, esas erogaciones fueron 44% superiores a las del año pasado: crecieron casi 20 puntos por encima de la inflación interanual
Una parte (de ese 44%) se debe a que cada año hay más beneficiarios. Pero la mayor proporción se debe a la fórmula que se utiliza para la actualización de haberes.
Por este motivo es que el Gobierno tiene en la mira a la actual metodología.
El impacto de la reparación histórica
Las críticas no van dirigidas a los pagos de las deudas por las sentencias judiciales favorables ($90.000 millones) sino a los otros $100.000 millones que deben abonarse -entre 2016 y 2018- por actualización de haberes a beneficiarios que no disponen de fallos a su favor.
Fuente:Iprofesional
Miércoles, 24 de mayo de 2017
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