ECONOMIA Obras sociales: Galeno prepara millonaria demanda contra el Estado por los costos de las prestaciones médicas obligatorias  Luego de la controvertida disputa entre Swiss Medical y OSDE por un monto que la principal prepaga del país no aportó a un fondo creado para financiar prestaciones durante más de una década,está a punto de ser protagonista de millonaria controversia. En el caso de la pelea entre la empresa de Claudio Beloccopit y la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDEC), se trató de un reclamo por $8.000 millones que se terminó de resolver el mes pasado, sin tener que acudir a la justica.
Ahora, será Galeno la que promete patear el tablero, con una causa cercana a los $10.000 millones.
La cifra sería la que la prepaga de Julio Fraomeni reclamará al Estado nacional a través de una demanda que sus abogados están terminando de elaborar para presentarla ante la Justicia.
Se trata de un número significativo para la contabilidad de la empresa, si se tiene en cuenta que Galeno factura cerca de $16.000 millones anuales.
Galeno integra junto a Swiss Medical el podio de las prepagas más grandes del país, con 700.000 afiliados, ambas detrás de OSDE, que ostenta 2 millones. En seguros, Galeno ART tiene 1,35 millones asegurados.
Según la denuncia que impulsa la compañía propiedad del empresario Fraomeni, el dinero surgiría de tener en cuenta los gastos asumidos durante todos esos años para hacer frente a las nuevas prestaciones que debió ir sumando de manera obligatoria para cumplir con la ley de medicina prepaga.
La norma fue sancionada en 2011 por el anterior gobierno de Cristina Kirchner con el objetivo de regular el mercado, autorizar los aumentos de las cuotas y ordenar la inclusión de nuevas prestaciones obligatorias en las cartillas de las empresas, en el marco del llamado Programa Médico Obligatorio (PMO).
Además, impide a las empresas de medicina prepaga rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes, elimina a la edad como argumento de impedir una admisión y prohíbe subirle las cuotas a los mayores de 65 años, con 10 años de antigüedad como afiliados.
Pero la mayor crítica del sector a la ley se basa en la obligación que tienen las prepagas de cubrir planes de cobertura médico-asistencial PMO y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Según el criterio de las empresas, la ley no les ofrece alternativas para rechazar esas incorporaciones y tampoco les asegura el financiamiento necesario para poder cubrir los mayores gastos.
Además, advierten queal tener las tarifas reguladas por el Estado, tampoco pueden subir el valor de lo que le cobran a sus afiliados para compensar los costos de las nuevas prestaciones.
En el caso de Galeno, sus ejecutivos sostienen que este esquema les ha generado un perjuicio cercano a los $10.000 millones y anticipan que están dispuestos a recurrir a los tribunales para "reparar" el daño que, dicen, ha sufrido su compañía.
De hecho, durante el 53º Coloquio de IDEA que se desarrolló en Mar del Planta entre el 11 y el 13 de octubre, fue el propio Fraomeni quien reconoció el conflicto.
El empresario sostuvo que "el Estado ha venido sumando prestaciones a nuestras cartillas y más coberturas sin la financiación necesaria, lo cual marca un claro perjuicio para nuestro negocio".
Según su visión, si las conversaciones que se vienen encarando con funcionarios del actual Gobierno no llegan a buen puerto "la demanda judicial será la herramienta para defender nuestros derechos e impedir que el perjuicio sea todavía mayor".
Sucede que, a partir de la sanción de la Ley N°26.682, se estableció desde 1996 una canasta de prestaciones médicas obligatorias, las del PMO, que deben ser cubiertas por todas las instituciones de la seguridad social, y también por los seguros privados de las prepagas.
Desde entonces se fue ampliando por la inclusión, a través de leyes, de: diabetes, fertilización asistida, obesidad, celiaquía, entre otros casos.
En lo que respecta a futuras incorporaciones de tratamientos y prestaciones al PMO, deberán ser definidas por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias creada por el actual gobierno de Cambiemos.
Fuente:Iprofesional
Lunes, 23 de octubre de 2017
|
