Economía. El Gobierno pretende ahorrar $480.000 millones.  La letra chica del nuevo esquema fiscal del presidente Alberto Fernández ya definió quiénes van a pagar el costo de la emergencia. El plan de emergencia empezó a regir y ya se avizora quiénes serán los sectores que realizarán el mayor esfuerzo. Luego de su aprobación en tiempo récord y su publicación en el Boletín Oficial, las autoridades ahora tendrán amplias facultades para renegociar la deuda externa, emitir títulos a través del BCRA y la ANSES, elevar las retenciones, bajar contribuciones patronales y reformular el cálculo de las jubilaciones.
Con esas medidas, el equipo de Martín Guzmán confirmó a iProfesional que busca obtener fondos por 1,5% del PBI (una cifra cerana a los $480.000 millones) para equilibrar el déficit heredado de la gestión de Macri, que sería de hasta 1 punto del producto si no se hubiera modificado nada.
El objetivo inmediato que asoma es recomponer la caja fiscal mediante una mayor recaudación y una eventual reducción del peso del sistema previsional en el gasto público, hoy cercano al 60%.
Aunque Alberto Fernández aseguró el domingo que no hay un "congelamiento", ese rubro es el que genera más polémica. Por caso, el anuncio previo del bono extraordinario de $5.000 de enero y diciembre representa un 0,14% del PBI, es decir, unos $47.000 millones destinados a 4,7 millones de jubilados y pensionados de un universo de 7,3 millones, según datos de ANSES.
Ahora, como solo alcanza a quienes cobran hasta $19.068, el Estado habría ahorrado más de $70.000 millones. En otras palabras, 2,5 millones de personas no recibirán nada hasta marzo al menos.
El hecho de que sea una suma fija también descomprime las cuentas públicas. Al tratarse de beneficio temporal por dos meses, el Ejecutivo se abstiene de tomar compromisos de gastos permanentes en materia de jubilaciones y asignaciones sociales. Una señal que es valorada por los acreedores, pero que tiene como contracara un alivio transitorio, limitado a las escalas más bajas y que recupera solo lo perdido en los últimos tres meses.
La suspensión de la movilidad por seis meses y su reemplazo por aumentos por decreto, por otra parte, permitiría compensar parte del bono. "Los bonos para los jubilados de la mínima equivalen a adelantar los aumentos que debían otorgarse por movilidad. El no ajuste en otros tramos (haberes superiores a la mínima) durante el primer semestre compensa el costo de los bonos de los haberes mínimos", señaló la consultora LCG en un informe reciente.
Todo depende de lo que haga el Gobierno en los próximos meses con los haberes y lo que ocurra con la inflación. Para este año se esperaba que el ajuste anual sumara hasta un 51%, por encima de una inflación del orden del 40%. El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, se reunirá en los próximos días con Guzmán para determinar si el incremento por decreto previsto para marzo será una suma fija o variable.
"El aumento de marzo va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables, pero esta medida alcanza a todos los jubilados", explicó el lunes en una conferencia de prensa en donde anunció una baja en las tasas de los créditos a jubilados y beneficiarios de planes de 42 a 31%. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en tanto, aseguró que la primera suba será una suma fija del 11,54% en línea con el porcentaje devengado por la ley de movilidad ahora suspendida.
Así las cosas, todo indica que se tratará de un aumento escalonado que esta vez alcanzará a los haberes medios y seguirá el esquema de "redistribución" aplicado con el bono, con distintos porcentajes de aumento. De esa forma, los ajustes discrecionales le permitirían al Gobierno destinar menos fondos que los insumidos por el sistema previo que actualizaba a todas las escalas por igual.
Luego, en junio, restará por ver si el ajuste es del 15%, como estaba previsto en el cálculo anterior, y una comisión del Congreso deberá definir la nueva fórmula de movilidad. La decisión que tome la Rosada será clave.
Por ejemplo, según los cálculos del Iaraf, una recomposición real del 20% anual solo en los haberes mínimos representaría un 0,5% del PBI, mientras una recomposición igual para todas las escalas saltaría al 1,7%, comiéndose el superávit proyectado por Guzmán.
Por ello, se espera que este capítulo será una de las principales variables de ajuste en el resto del año. Las decisiones adoptadas en las últimas horas permiten avanzar en uno de los objetivos más ambiciosos de Economía: la desindexación del gasto público. Y, además, abre la puerta a expandir las fuentes de financiamiento interno.
La principal es la colocación de títulos por hasta 1,4% del PBI -unos $300.000 millones adicionales- en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El Banco Central, a su vez, está autorizado para prestarle u$s4.571 millones -un punto del PBI- al Tesoro para pagar deuda. La cifra es sugestiva: representa el 40% de los intereses totales que se preveía pagar en el presupuesto presentado por Macri para el año próximo y un tercio del saldo comercial previsto de la Argentina.
Fuente: Iprofesional.
Jueves, 26 de diciembre de 2019
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