Lo aseguro su titular UIF investiga 600 casos de robo de bienes  Lo dijo el titular del organismo, José Sbatella, quien ha puesto la lupa sobre estos hechos en la última dictadura.
En la Argentina funcionan estructuras económicas generadas a partir de la sustracción ilegal de bienes y que da amparo a los violadores de los Derechos Humanos durante la dictadura. Así describe la situación el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. El funcionario sabe de qué habla: ha dirigido personalmente investigaciones que han determinado esos nexos.
"Para citar casos concretos, la complicidad civil actual con los ejecutores de delitos durante la dictadura se manifestó en las declaraciones realizadas en sede judicial por personas que están en conflicto con la justicia", señaló Sbatella. "Por ejemplo, es el caso del hijo apropiado por el represor Jorge Raúl Vildoza, quien en una carta al juzgado que trata su caso, justifica la ayuda recibida por su padre en democracia por parte del Comando de la Armada, que le dio la documentación y los fondos para ir primero al Paraguay y, posteriormente, a Sudáfrica. Este un claro ejemplo de sostenimiento económico", dijo el funcionario en relación al juicio que investiga la apropiación, tras el secuestro y desaparición de sus padres, de Javier Penino Viñas. Aunque aún no está demostrado, existen fuertes sospechas sobre los vínculos entre Vildoza y la empresa American Data, que regenteaba dos casinos en Tierra del Fuego en los '90.
La UIF tiene una lupa sobre la ruta del dinero que conduce a los fondos de la ESMA, como se le llama a la masa de bienes que acumularon las jerarquías de la represión que dirigían ese centro clandestino de detención. "Estarían todavía en manos de una estructura económica que ha colaborado con los represores e incluso con la fuga de algunos de ellos", advirtió Sbatella.
El funcionario sostuvo que el concepto con que la UIF ha impulsado las causas contra el delito económico bajo el terrorismo de Estado, de financiación del terrorismo, "es correcto porque esas estructuras económicas siguen vigentes. Operaron más abiertamente durante el gobierno de Raúl Alfonsín y luego fueron pasando a un segundo plano".
Sbatella observó que, cuando se realizó un allanamiento vinculado con el caso Vildoza, en una propiedad ubicada en la calle Cerrito al 1000 de la Capital Federal, se descubrió que allí habían funcionado oficinas del almirante Eduardo Massera cuando buscaba mutar a político en democracia. "Sabemos que se realizaron llamados telefónicos advirtiendo del allanamiento, cuyo origen fue el interior de la propiedad allanada y sus destinos fueron los teléfonos de represores presos, como Alfredo Astiz", subrayó. Esto, agregó, está asentado en el expediente abierto en el juzgado que dirige María Servini de Cubría.
Para la UIF, las investigaciones estarían poniendo de relieve un dato altamente explosivo: que las estructuras económicas generadas a partir de la apropiación ilegal de bienes, como bancos y empresas, durante la última dictadura cívico-militar siguen funcionando tanto en términos económicos, escondidas en la vasta trama de empresas que operan cotidianamente, como en términos políticos, otorgando cobertura legal y apoyo financiero a quienes fueron sus aliados en los años de plomo.
Que la rapiña durante la dictadura fue vasta lo pone de relieve el hecho de que hay más de 600 casos que investiga la UIF por denuncias de apropiación ilegal de bienes. "Papel Prensa es la causa más grande y notable de todas estas. Ahora, con los descubrimientos de papeles de la dictadura que dio a conocer el Ministerio de Defensa, se conoce más de esa estructura económica creada para el delito", sostuvo. Papel Prensa es el caso más conocido y, probablemente, el que involucra los bienes más valiosos, pero la mayoría de los 600 investigados apuntan a pequeñas y medianas empresas de todos los rubros.
En base a las hipótesis de trabajo que desarrolla la UIF es que buscan asociar la ley contra el lavado de dinero, de junio de 2011, con los fondos que se generaron a partir de delitos que son imprescriptibles, como los cometidos durante la dictadura. "Como se trata de un delito continuo, esos fondos quedan sujetos, entonces, a la ley antilavado y son pasibles de decomiso. Queremos incluir en este concepto a todos los bienes apropiados y no comprados de buena fe", agregó.
Una de las dificultades que enfrentan las investigaciones por apropiación indebida de bienes está en el propio Poder Judicial, expresó Sbbatella. Es que no todos los jueces están dispuestos a impulsar causas en base a estas premisas. "Hay un debate dentro de la justicia y es positivo que así se esté dando. Nosotros lo vamos a impulsar porque creemos que es la manera de lograr avances con sentencias concretas", dijo el titular de la UIF.
Sbatella puso como ejemplo el caso del juez Claudio Bonadio, quien rechazó la investigación de la UIF respecto de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se mantienen prófugos, según cree la UIF, sostenidos por una estructura económica y societaria probablemente generada en recursos obtenidos ilegalmente durante la dictadura. "En este caso, el terrorismo sigue actuando, amparado por los fondos apropiados en forma ilegítima", concluyó.
Lunes, 11 de noviembre de 2013
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