Economía Retenciones al campo: a pesar de la polémica el tributo continúa vigente  Ante la falta de una ley de Presupuesto, a partir del 1 de enero el Gobierno no cuenta con la facultad para subirlas sin pasar por el Congreso.
Faltaban apenas horas para que termine 2021 y surgió una nueva polémica instalada por algunos referentes de la oposición y dirigentes rurales. Concretamente, desde el sector se comenzó a especular con la posibilidad de que a partir del 1 de enero de 2022 las retenciones a las exportaciones del campo quedaran sin efecto de la mano de una especie de vericueto legal que apareció luego de que el Gobierno no consiguiera la aprobación de la ley de Presupuesto. Lo cierto es que el tributo está lejos de desaparecer, lo que cambiaría de ahora en más es la potestad que tenía el Ejecutivo para incrementarlas hasta un cierto punto sin pasar por el Congreso.
La historia se remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán, se buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.
El Gobierno no consiguió finalmente que el Congreso aprobara el Presupuesto 2022 y a partir de ahí se abrió un marco de interpretación por la norma en cuestión. En el oficialismo remarcan que las retenciones continúan vigentes, mientras que diputados de la oposición y dirigentes rurales afirman que a partir del 1 de enero de este año el tributo quedó sin efecto, lo que podría dar lugar a la judicialización de casos.
Lo cierto es que el Gobierno todavía cuenta con algunas alternativas para modificar las retenciones, la primera sería recurrir al Congreso, algo que parece improbable ante la dificultad que afrontaría para conseguir una votación a su favor; la segunda, sería apelar al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto; y por último, dictar una resolución o un decreto que fije las alícuotas de las retenciones para despejar cualquier especulación.
El diputado Nacional por la provincia de Formosa Ricardo Buryaile y exministro de Agroindustria durante la administración de Mauricio Macri fue uno de los primeros en salir con los tapones de punta desde sus redes sociales: “La CSJ (Corte Suprema de Justicia) ya se expidió respecto al art. 755 del CA (Código Aduanero) considerando que compete al Congreso de la Nación la fijación de tributos y que la delegación de facultades no puede ser tan amplia ni sin fecha de caducidad. Si quieren retenciones tienen que pasar por el Congreso”, tuiteó el exministro.
Incluso el diputado no dudó en hacer referencia al viejo enfrentamiento entre el campo y el Gobierno en 2008 por la resolución 125, que buscaba instaurar retenciones móviles y que tuvo como protagonista a los ruralistas encabezando cortes de rutas y ceses de comercialización de granos y hacienda durante semanas. “Se están comprando un despiole fenomenal. La corte ya declaró la inconstitucionalidad de esta norma en 2014. ¿Buscan confrontar con el campo? ¿Buscan un enemigo? No sería recomendable en la situación política y económica del país. ¿#Otra125?”, volvió a tuitear el diputado.
En una línea similar se expresó en sus redes sociales el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical: “A partir de mañana, 1 de enero, no puede haber retenciones (derechos de exportación) sin ley del Congreso. Al rechazarse el presupuesto caducan las facultades delegadas, sin que haya prórroga. Las retenciones que se establezcan por decreto o resolución son inconstitucionales”.
Mientras tanto desde el Gobierno buscan alejarse de cualquier polémica por la norma e incluso remarcan que las modificaciones a las retenciones que se hicieron durante el 2021 estuvieron enfocadas justamente a bajar la alícuota. Es que diversas economías regionales fueron beneficiadas durante el año pasado con el incremento de los reintegros y la eliminación o baja de las retenciones a las exportaciones.
De igual forma, en 2020 en plena pandemia de coronavirus el Gobierno buscó además alentar la venta de granos por parte de los productores para conseguir así un mayor ingreso de divisas y bajó temporalmente las retenciones a la soja. Una medida que en la práctica no fue tampoco celebrada por las entidades del campo y que tampoco consiguió el cometido.
En tanto, respecto de la carne vacuna que actualmente tributa el 9% tiempo atrás se especuló con la posibilidad que el Gobierno suba los derechos de exportación ante el incremento indiscriminado que mostraban los precios del producto de consumo básico en el mercado interno. Eso también fue descartado poco tiempo después y por eso hoy parece ser que por el momento la intención del Gobierno estaría lejos de sumar un nuevo foco de conflicto con el sector echando mano a una suba de retenciones.
Fuente: Ámbito
Lunes, 3 de enero de 2022
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