Lavado de dinero Sbattella: "La lucha antilavado es una cuestión de Estado"  El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, rechazó las impugnaciones que sectores de la oposición presentaron contra su continuidad al frente del organismo, y afirmó que "la lucha antilavado se ha convertido en una cuestión de Estado".
Sbattella indicó que "el delito económico en la Argentina no ha tenido castigo" antes de su desembarco en este organismo, y subrayó "la necesidad de terminar con la impunidad".
Fue durante una audiencia pública celebrada este mañana en el Ministerio de Justicia, donde se presentaron las adhesiones y las impugnaciones a la continuidad de Sbattella al frente de la UIF.
"Por ley, no había necesidad de hacer una audiencia pública. Tampoco una exposición pública; ya se había hecho al nombrarme por primera vez", puntualizó el funcionario.
De todos modos, destacó que "la opción (de llevar adelante la audiencia pública) significó un salto cualitativo para este equipo de funcionarios, pero también para la oposición que pudo tomar nota de las cosas que se vienen haciendo y cómo se viene cumpliendo".
Tras esta audiencia, el Ministerio deberá elevar un informe a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien definirá la continuidad de Sbattella, en aproximadamente una semana.
Sobre uno de los cuestionamientos, respecto a la supuesta falta de antecedentes, explicó que "la ley exige como requisito un título universitario, preferentemente en Ciencias Económicas, y eso está cumplido".
En cuanto al tercer motivo de la impugnación opositora: la ubicación de la Argentina en la lista del GAFI, entre los países con alto riesgo de operaciones de lavado de dinero, el funcionario explicó que "la última información disponible para ellos data de octubre de 2009", antes de que asuma su gestión en febrero de 2010.
Recordó que en ese momento la Argentina "estaba cerca de una posible sanción, al borde de la expulsión del organismo y del G20".
Sin embargo, las acciones llevadas adelante por esta administración hicieron que el GAFI reconociera los avances y los hiciera públicos.
Durante la audiencia, el diputado Pablo Tonelli había incurrido en el error de asegurar que actualmente "Argentina está en una lista de alto riesgo, de los países que no cooperan".
Por su parte, la diputada Patricia Bullrich sostuvo que para la UIF "hay un solo sujeto obligado a informar y es Papel Prensa, calificado como enemigo del Gobierno", y consideró que "hay otros sujetos desobligados que son los amigos del poder".
En tanto, Gabriela Michetti, admitió que está "de acuerdo con investigar los delitos económicos de la dictadura (cívico militar)", pero consideró que es necesario "avanzar también sobre otras cuestiones denunciadas ante la UIF".
A su turno, el radical Ernesto Sanz reconoció que "hace algunos años atrás, ni el narcotráfico ni el crimen organizado eran temas que estuvieran primero en los ranking públicos".
También afirmó que prefiere "toda la vida a un hombre consustanciado con camiseta política a un técnico que después terminará jugando a favor de los banqueros y los grupos económicos".
En tanto, Federico Pinedo reconoció la labor de Sbattella en el Parlamento para darle forma a la Ley Antilavado, votada por el oficialismo, pero también por parte de la oposición.
Sin embargo, Margarita Stolbizer aseguró que "pese a informes del GAFI favorables" al país, "Argentina no salió del lugar donde está".
Por el contrario, la militante social Susana Trimarco, remarcó que tras la desaparición su hija Marita Verón, secuestrada por una red de trata de personas, denunció "la mafia de los Ale en la Justicia".
"Encontré una Justicia cómplice, con un poder político cómplice y un poder policial cómplice", indicó Trimarco.
El empresario Alejandro Iaccarino, secuestrado, torturado y despojado de sus empresas junto con toda su familia, por la última dictadura cívico militar, destacó "la importancia que tuvo la UIF en el caso, después de 37 años peleando por encontrar justicia".
Subrayó que "investigar delitos económicos es ir contra grupos de mucho poder", y remarcó que "para avanzar contra esto hay que tener agallas como las tuvo Sbattella".
El ex banquero Eduardo Saiegh, despojado del Banco Latinoamericano, de su propiedad, por la última dictadura cívico militar, subrayó que estuvo "25 años persiguiendo en la justicia argentina a los responsables civiles de la dictadura".
Puso de relieve que "Sbattella anunció el año pasado que iba a llevar adelante la lucha contra el lavado de activos hasta la época de la dictadura".
Puntualizó que en su caso fue "Sbattella quien levantó una importante bandera de los derechos humanos: la restitución de activos a los legítimos dueños".
El consultor en materia de lavado de dinero, Carlos Burundarena destacó que durante la gestión actual de la UIF se pasó de "300 a 45 mil sujetos obligados a informar, y de 300 a 18 mil reportes de operaciones sospechosas".
A su criterio "donde se multa, se cumple con la ley", y precisó que "esta administración de la UIF es la primera en poner multas, por más de 200 millones de pesos".
Sábado, 15 de febrero de 2014
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