Fondos Buitre Bonistas que ingresaron al canje apelaron ante la Corte de EEUU  Un grupo de bonistas que ingresaron a las reestructuraciones de deuda instrumentadas por la Argentina en 2005 y 2010, presentaron una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en la causa contra fondos buitres.
El grupo de bonistas que ingresaron a la reestructuración, denominado Exchange Bondholder Group (EBG) -liderado por Gramercy Management- se sumó a la petición realizada por la Argentina este martes ante la Corte Suprema estadounidense.
El pedido de "revisión" tiene el objetivo de "remediar los enormes daños que amenazan de forma inminente a terceras partes afectadas (non-parties, en inglés) como resultado de las órdenes judiciales", explicaron los tenedores de bono.
Estos fallos, según detalló el documento al que tuvo acceso Télam, "plantean cuestiones fundamentales de importancia nacional en relación con el correcto alcance del poder equitativo del Poder Judicial Federal y constitucional, para poner en peligro los intereses de propiedad privada de algunos ciudadanos, para el beneficio privado de otros".
Las decisiones a que hace referencia la petición son las que tomaron primero el juez Thomas Griesa y luego la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en las que establecieron un método de pago a los holdouts por un monto cercano a los 1.330 millones de dólares.
La fórmula de pago contempla el uso de fondos destinados para pagar a los bonistas que sí decidieron entrar a los canjes de 2005 y 2010, como los representados por el Exchange Bondholders Group.
Bajo este escenario, la agrupación sostuvo que la petición -presentada el martes, el mismo día que lo hizo Argentina ante la Corte Suprema Justicia en Washington-, "plantea una cuestión de importancia nacional" bajo ciertas cláusulas de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Al respecto, los miembros del grupo, añadió el escrito de 32 páginas y 65 apéndices, "tienen derechos constitucionales fundamentales que los protegen de la acción de gobierno que se apodera de sus bienes en beneficio de otros ciudadanos privados".
Así, "estas violaciones de los derechos constitucionales de terceras partes afectadas (non-parties) subraya las razones para conceder la petición" a la República Argentina, aseguraron los representantes del EBG en la petición de recurso extraordinario conocido como "writ of certiorari".
Los bonistas afirmaron a su vez que "la amenaza de severas pérdidas a las terceras partes afectadas, es parte del intento de las órdenes (de los tribunales de segunda instancia) para obligar a la Argentina a pagar" a los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010, "en violación a la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados".
En el apartado llamado "las órdenes ignoran una lesión indiscutible" para los tenedores de bonos, éstos sostuvieron que "no es Argentina sino la corte distrital, la que está tomando de rehén a las terceras partes afectadas".
"No hubo amenaza de daño a EBG hasta que la corte distrital elaboró órdenes sin precedentes que apuntan explícitamente a sus bienes" respecto a toda la deuda del país, que son utilizadas "deliberadamente como palanca contra Argentina intentando eludir la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados (FISA)".
En este caso, concluyeron, "son los tribunales, no la parte demandada, la que ha amenazado a la tercera party Exchange Bondholders y sus bienes".
Dejando por escrito su "apoyo" al pedido de concesión de recurso extraordinario presentado por Argentina el martes, el grupo de bonistas señaló que darle lugar a escuchar el caso ante la Corte Suprema, servirá a "otro propósito altamente pragmático".
Lo fallos dictaminados por los tribunales inferiores de Manhattan, "si no son modificados, amenazarán la estabilidad de miles de millones de dólares de las reestructuraciones de deuda soberana existente", agregaron mencionando que hasta la fecha Argentina "ha honrado completamente sus obligaciones".
Existe, además, "un abrumador consenso político y académico que las reestructuraciones de deuda soberana voluntarias de este tipo, son fundamentales para la estabilidad de la economía global", concluyeron, haciendo referencia entre otros, al amicus curiae (amigos de la corte) que presentó el gobierno de Francia tiempo atrás.
Viernes, 21 de febrero de 2014
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