Informe especial Connivencia de industria, médicos y obras sociales frena el despegue de genéricos  Pese a que la ley se sancionó en 2002, los laboratorios lograron limitarla. Se paga hasta un 85% más por la marca.
Comprar en una farmacia un medicamento de marca puede resultar entre un 20% y un 85% más caro que adquirir la misma droga de un genérico o un similar de un laboratorio menos conocido. Pero en el caso de las vacunas esta diferencia se amplía hasta diez veces. Este margen de precios podría quedar en el bolsillo del consumidor. Sin embargo, en la Argentina la connivencia entre los grandes laboratorios y algunos médicos le puso un límite al crecimiento del mercado de los genéricos.
Las obras sociales también juegan un rol fundamental porque mantienen acuerdos con la industria y empujan a sus médicos a recetar medicamentos de los laboratorios con los que arreglaron. Por consiguiente esa diferencia entre lo que cuesta un remedio de marca y un genérico o similar se la apropia la industria farmacéutica y, en mucha menor medida, los visitadores que realizan un trabajo incisivo para persuadir al médico con el fin de que prescriba la receta con el nombre comercial.
Claudio Capuano, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, explicó la razón de los altos precios de los medicamentos comerciales: "La materia prima proviene en su mayor parte de India o China y tiene costos muy bajos. La amoxicilina cuesta cuatro veces más que el genérico y la diferencia de precio está en que pagás la marca."
La Argentina tiene en todo el país una red nacional de 39 laboratorios públicos que están en condiciones de proveer una buena porción de los remedios que consume la población.
La brecha entre unos y otros remedios, que tienen la misma droga, la sufren los pacientes o consumidores en su bolsillo. Por ejemplo, el Ventolín (por su nombre comercial), un aerosol que utilizan los asmáticos para salir de las crisis leves, cuesta en las farmacias $ 68,50 mientras que un genérico con la misma droga, (también en puff) vale en la farmacia del Dr Ahorro $ 32, lo que representa menos de la mitad. Otro caso similar es el de la Buscapina Compositum (20 unidades) que se paga en la farmacia $ 41,95 mientras que su genérico vale casi la tercera parte, $ 15. El mismo fenómeno se repite con el Rivotril (0,5mg), un ansiolítico cuya droga es el clonazepam: la caja de 30 unidades se compra en las farmacias a $ 78 pero si el médico psiquiatra recetara una variante génerica el paciente sólo debería pagar $ 20, casi la cuarta parte del precio.
La Ley 25.649, que apuntaba a impulsar la producción y consumo de genéricos y similares y reducir, por ende, el costo de los medicamentos en la canasta familiar de la salud, nació muerta. La norma fue ideada por el entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien en diciembre de 2007 fue acreditado como embajador argentino en Chile, y ahora mantiene buenos vínculos con el diputado del Frente Renovador Sergio Massa a través de los históricos nexos del sanitarista con Eduardo Duhalde.
El proyecto denominado Ley de Especialidades Medicinales y conocido bajo el nombre de ley de genéricos, se sancionó el 28 de agosto de 2002 pero sufrió un golpe certero que desvirtuó la idea original y casi la sepultó. La norma indica en el primer párrafo del artículo 2 que "toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico…". Sin embargo, acto seguido, en su segundo párrafo puntualiza que "la receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio".
¿Se imagina usted al paciente discutiendo la receta con el médico? La ley de genéricos nació herida de muerte porque abrió las puertas a la relación económica enfermiza entre visitadores de laboratorios, médicos, obras sociales y prepagas. Nadie comenta a viva voz quien fue el responsable de lavar la ley, aunque algunos, en estricto off de record, le atribuyen la picardía al propio Ginés. Pese a ello, la normativa tuvo una corta primavera.
Según Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), la prescripción "de medicamentos por su nombre genérico funcionó bien hasta 2005" y en los años sucesivos se licuó a un ritmo acelerado. El negocio de los genéricos alcanzó el 40% del mercado a principios de 2006 pero los últimos datos de 2013 de la cámara de los genéricos lo sitúan en el mejor de los casos entre el 9 y el 10%, aunque Peretta cree que apenas araña el 2% de la facturación total del negocio farmacéutico. En este sentido, parece haber uniformidad de criterios entre los dos números porque la comercialización puede alcanzar el 9% del mercado en unidades y el 2% en facturación, pues, justamente, los precios resultan mucho más económicos que los comerciales.
En cualquier caso, el crecimiento del genérico en Argentina sabe a poco si se lo compara con otros casos del mundo. En México las cifras de auditoría del mercado farmacéutico indican que a fines de 2012 el negocio de los genéricos representaba el 17,4% en la facturación pero medido en unidades superaba el 55% del total. En los países desarrollados la tendencia al uso de los genéricos también es creciente. En el Reino Unido, su venta en unidades trepa al 78%, en Estados Unidos al 68%, en Francia al 63% mientras que en España y Canadá se encuentra en el 54% y 67%, respectivamente.
Una notable diferencia con la Argentina que refleja las dificultades que tiene el mercado local para asimilar una normativa que ya se encuentra vigente desde hace casi 12 años. "Es exactamente como dicen, la ley no se cumple. Las recetas salen con nombres comerciales y en el mejor de los casos con sugerencias de marcas", admitió Nicolás Santander, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos.
Santander señaló que "la farmacia se ve obligada a expender los medicamentos que indica la receta porque las obras sociales así lo aceptan". Peretta, por su parte, remarcó que "la obra social presiona para que sus médicos prescriban cierta cantidad de medicamentos porque "si están incluidos en lo que a la industria le interesa reciben un 10% de reintegro económico".
Sin embargo, los visitadores no sólo operan sobre las obras sociales sino que también establecen nexos muy fuertes con los médicos de las prepagas y los particulares. En este sentido, Peretta sostuvo que "desde 2005, el mercado volvió a estar dominado por premios, lobbies, y el imperio del negocio".
En tanto, el secretario adjunto de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, Carlos Nemesio, dejó a entrever la posibilidad de que haya "propinas negras, como viajes a Miami" a modo de mecanismo de seducción. Se trata de un negocio poco transparente, turbio, con mucho poder de los laboratorios y escaso control por parte del Estado, que prácticamente ha delegado este rol en manos de un mercado concentrado.
Una red pública demorada
El debate sobre los medicamentos genéricos también pone sobre el tapete un tema tan o más importante que este. La Argentina tiene en todo el país una red nacional de 39 laboratorios públicos que están en condiciones de proveer una buena porción de los remedios que consume la población. La cadena está funcionando al mínimo de sus posibilidades pues aún no se reglamentó la normativa que la regula.
La Ley Nacional 26.688 que declara de interés nacional a la investigación y producción pública de medicamentos y de materias primas para la producción, principalmente, de vacunas, aún no ha entrado en vigencia porque el Ministerio de Salud, a cargo de Juan Luis Manzur, no se terminó de redactar el proyecto de reglamentación.
Claudio Capuano, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, asegura que "si los 39 laboratorios trabajan a través de una red articulada, podés generar precios testigo para toda la industria, pues estás en condiciones de fabricar medicamentos de altísima calidad a bajo costo".
Un solo caso alcanza para entender las diferencias que marca Capuano. En la Patagonia es muy común la hidatidosis, una enfermedad parasitaria grave que puede causar la muerte. Uno de los laboratorios de la red pública está en condiciones de producir el medicamento para todos los afectados por $ 50 mil mientras que comprarlo a un laboratorio privado le cuesta al Estado $ 200 mil, cuatro veces más.
Lunes, 10 de marzo de 2014
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