Mundo La doble vara de la justicia en Estados Unidos: el caso Detroit  La ciudad cayó en la quiebra en 2013, con un default de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares. No permitió que las minorías impugnen un acuerdo de pago de deuda aceptado por la mayoría. Además, otorgó en forma inmediata un amparo que impidió las
Existe cierto rito nacional que consiste en adivinar si la Argentina habría devenido en Australia o Canadá si hubiese sido colonia británica en vez de española. En el caso de los fondos buitre, en cambio, a la Argentina le convendría ser una ciudad de los Estados Unidos. El caso reciente de Detroit, en el estado de Michigan, muestra la doble vara con la que juega la justicia estadounidense al tratar el amparo a dos jurisdicciones distintas como un municipio y una Nación, ante un default o quiebra.
Según publicó Tiempo Argentino, hasta 1937, los municipios estadounidenses que no podían pagar sus deudas no podían ir a la quiebra. En cambio, los acreedores obligaban a la ciudad, por medio de una orden judicial llamada 'mandamus', a aumentar los impuestos para pagar las deudas. Entre 1934 y 1937, tanto el Poder Legislativo como el Judicial confrontaron sobre la posibilidad de aceptar la quiebra para las municipalidades que estaban financieramente ahogadas. En 1937 el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley de quiebras que incorporó el capítulo 9, designado especialmente para los municipios. La ley tuvo pocas modificaciones en todos estos años: una en 1976-78, luego de la crisis financiera de Nueva York, y otra en 1988.
Argentina intentó recorrer el mismo camino en 2002, defaulteando y reestructurando una deuda para comenzar sin el pecado original reproducido y ampliado por la deuda externa. Sin embargo, todo ese proceso podría caer.
Desde 1937 se dieron más de 650 quiebras municipales en los Estados Unidos, de las cuales las más importantes fueron las de Orange County, California, en 1994, por U$S 1700 millones; la de Jefferson County, Alabama, en 2011, por U$S 3400 millones; y la más importante de todas, la de Detroit, Michigan, en 2013, por un monto que se estima que llegaría a entre U$S 18 mil y U$S 20 mil millones. Esta cifra es incluso superior a todo lo que la Argentina le debe a los tenedores de bonos que quedaron fuera del canje, también conocidos como holdouts.
Aunque puede ser difícil concebir cómo una ciudad puede llegar a endeudarse en semejantes montos, sin duda, parte de la responsabilidad es política: el alcalde entre 2002 y 2008, Kwame Kilpatrick, fue condenado en 2013 a 28 años de prisión por evasión de impuestos, extorsión y abuso de poder, entre otras acusaciones. El fiscal de la causa declaró que "no es el principal culpable de la bancarrota histórica de la ciudad, pero su administración corrupta agravó la crisis". Por ejemplo, Kilpatrick se endeudó por U$S 1450 millones para financiar el sistema de pensiones deficitario y realizó swaps (contratos a futuro) de tasas desventajosos con privados, que se vio obligado a renegociar poniendo la recaudación de impuestos como garantía, sumando otros U$S 250 millones más al total.
A pesar del mal uso de los fondos y del estado de endeudamiento e insolvencia provocado en parte por la corrupción, la justicia estadounidense protegió a la ciudad. En abril de 2012, el alcalde Dave Bing llegó a un acuerdo con el gobernador de Michigan, Rick Snyder, por el que se incrementó la supervisión económica estadual sobre el municipio a cambio de ayuda financiera.
En febrero de 2013, Michigan tomó control de las finanzas de la ciudad e impuso a Kevyn Orr como interventor. En mayo, Orr emitió un reporte en el que advirtió que la ciudad era "claramente insolvente" y en julio la ciudad pidió la bancarrota.
Aquí comienzan las diferencias legales con Argentina. Dado que el municipio es una entidad pública subnacional, tiene ciertas ventajas por sobre los privados y los Estados soberanos. Pedir una bancarrota pública de la ciudad implica automáticamente un "stay" (una medida cautelar de una corte federal) que detiene cualquier acción legal que pueda hacerse contra el municipio o sus miembros y sus empleados. Por lo tanto, el distrito tendrá, en tanto y en cuanto se mantenga el estado de quiebra y la negociación con los acreedores, un paraguas legal para evitar presiones extorsivas.
Además, la ley le da más margen para actuar: si la ciudad tiene otros litigantes fuera de la quiebra que pueden tratar de congelar o embargar los bienes, la ley incluye todos los pleitos en un solo foro de negociación.
Además, se le asignará al municipio un juez experto en reestructuraciones de deuda.
El principal beneficio que otorga la ley de quiebras a los municipios consiste en que es posible que en una negociación se reduzcan, se extiendan o se reestructuren las deudas. Si bien tiene sus limitaciones, en caso de imposibilidad de pago a todos los acreedores, permite empezar de nuevo y lograr estabilidad financiera de largo plazo. La ley también habilita a la ciudad a decidir qué contratos asume como responsabilidad a pagar, mientras que puede rechazar al resto.
Asimismo, la reestructuración de deuda resultante puede ser aprobada por el juez si la mayoría está de acuerdo con la propuesta, desoyendo a la minoría que se oponga. Basta con que el juez considere que el acuerdo es equitativo. En ese sentido, el criterio de soberanía se aplica en su totalidad en el caso de los municipios, en el sentido de que su propuesta de reestructuración es tomada o rechazada sin posibilidad de modificaciones. Y así ha sucedido con Detroit.
Todo ello muestra una serie de medidas que permiten mucho mayor margen de acción a las ciudades que a los Estados soberanos ante una quiebra. La inexistencia de una legislación internacional de quiebras, que ponga énfasis en la diferencia de la bancarrota de un soberano con respecto de un privado, ha permitido que a Argentina le hayan intentado embargar activos supuestamente vinculados al Estado, que unos pocos bonistas pudieran impedir una reestructuración de deuda aceptada por la enorme mayoría de los acreedores y que la justicia de los Estados Unidos haya impedido que se impusiera una cautelar que es automática por ley para las ciudades en situación de bancarrota.
Para Eric Le Compte, titular de la ONG Red Jubileo de Estados Unidos, "en la mayoría de los países tenemos alguna forma de bancarrota. Lamentablemente, nos sigue faltando un proceso legal internacional equivalente para los países. Este es un elemento que ya pedía el padre de la economía, Adam Smith." Si existiera tal legislación, "los buitres habrían sido forzados a sentarse a negociar", observó Le Compte.
En la actualidad, Detroit busca los caminos para salir de su crisis. Tal como comenta Daniel Howes en The Detroit News, el nuevo alcalde, Mike Duggan, "tiene una montaña de desafíos que no van a ser superados en seis meses, un año, un mandato, o incluso una década". Una crisis económica excede los problemas financieros y seguramente tendrá efectos de largo plazo. La clave, según refiere Hiwes, es que "uno de los secretos de la quiebra es que en el proceso se va a poder limpiar la deuda insostenible".
Howes concluye que en la coyuntura, las empresas "están persiguiendo una agenda de inversiones que permite al alcalde concentrarse en la gente que vive a las afueras de una ciudad que está reviviendo". Es evidente que hay vida después de una bancarrota y una oportunidad para volver a empezar con el pie derecho para el distrito y sus habitantes.
Argentina intentó recorrer el mismo camino en 2002, defaulteando y reestructurando una deuda para comenzar sin el pecado original reproducido y ampliado por la deuda externa. Sin embargo, todo ese proceso podría caer, dado que los holdouts podrían obligar al país a pagar el 100% de lo adeudado. Esto gatillaría la cláusula RUFO, por lo que habría que hacer extensivo el pago del total de la deuda al resto de los bonistas, especialmente los que sí ingresaron a los dos canjes. En consecuencia, toda la reestructuración de la deuda se caería y el país podría ingresar en default nuevamente. Este escenario es la consecuencia generada por el rechazo de la justicia estadounidense de darle a la Argentina el mismo tratamiento que sí admite a sus municipios.
Lunes, 7 de julio de 2014
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