Nacionales Buitres, quinta-columnismo y el terrorismo económico  Los fondos especulativos trasladaron la "guerra" contra la Argentina hasta estos pagos. Mientras la Cámara de Apelaciones de Nueva York volverá a analizar el caso del bloqueo de fondos decretado por el juez Thomas Griesa, ante la apelación efectuada por Argentina el Citi y bonistas europeos, la guerra de los fondos especulativos contra los intereses de la República Argentina ha abierto un nuevo campo de operaciones. Esta vez no ha sido una campaña mediática orquestada por sus adláteres de la prensa opositora, poniendo en el lugar de la inflexibilidad al digno accionar del gobierno en la defensa de los intereses argentinos poniendo límite a las pretensiones de lo peor del capitalismo –la especulación financiera–, sembrando la incertidumbre en la opinión pública y pregonando el inexorable infierno económico del día después. Pero a semanas del "Día D", la vida continúa, el dólar no se ha disparado y los bonos no se hundieron ante los títulos catástrofes de los medios frente al anunciado default.
Las presiones del juez Griesa, por medio del mediador Daniel Pollack, no logran su objetivo de doblegar la resistencia argentina e instalar eufemísticamente a un Estado soberano en el inédito lugar del desacato ante la corte neoyorquina.
Para los fondos buitre es hora de abrir un nuevo frente de batalla a través de sus conexiones económicas fronteras adentro de la Argentina. Y su primer paso es la "quiebra expres" de la empresa gráfica Donnelley, un verdadero emporio a escala global de la industria gráfica que con una plantilla de 55 mil trabajadores en el mundo ha pedido la quiebra, en un claro lock-out patronal, en su filial argentina que deja sin trabajo a 400 trabajadores gráficos.
En un informe en paralelo de la AFIP se registra que en la composición accionaria de la casa matriz del grupo Donnelley se encuentran los grupos de inversión Blackrock, Capital World Investors, The Vanguard Group y State, Street Corporation. Grupos que mantienen sociedades comunes en diversos rubros como el energético con Elliot Management del controvertido Paul Singer, siendo la participación más destacada la del Hess Corporation, donde los principales directores han sido ubicados por el magnate que mantiene el litigio de los fondos buitre en el juzgado del juez Griesa contra la Argentina.
Ante la gravedad de la decisión empresaria, y el inesperado pedido de quiebra, el juez federal Daniel Rafecas tendrá que decidir si la misma ha sido fraudulenta y, en ese caso, se podría presentar otra denuncia apelando a la ley 26.734.
Esta ley, comunmente denominada "antiterrorista", por primera vez sería aplicada a un grupo empresario. Esta posibilidad se justificaría si se confirmara la irregular medida del grupo empresario. El discurso de la presidenta Cristina Fernández, tras la grave decisión de la patronal estadounidense, sirvió para que el gobierno decidiera intervenir en varios frentes.
La AFIP pidió que se revoque el decreto de quiebra en la justicia comercial, al mismo tiempo que presentó una querella penal por delitos económicos.
Se hace necesario contextualizar el lock-out en un escenario donde una empresa que ocupa un significativo lugar en la producción gráfica, no sólo en Argentina sino a escala mundial, ha sido capaz de generar un hecho que trasciende el marco laboral y refleja de alguna manera una señal de incertidumbre a menos de un mes del llamado "default selectivo".
Lo curioso es que se trata de una empresa que concentra un importante sector del mercado gráfico, ya que según informes de los representantes de los trabajadores el taller produce a gran escala y tiene clientes importantes que le siguen pagando y, según la AFIP, el activo de la empresa es de 180 millones de pesos, superando a un pasivo de 140 millones. Mientras tanto, el gobierno explora soluciones. Los ministros Carlos Tomada, Débora Giorgi y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron la semana pasada con dirigentes de la Federación Gráfica Bonaerense y miembros de la comision gremial interna.
Pese a que el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich aseveró "que ningún empresario debe de preocuparse si hace las cosas bien", el amplio espectro opositor de derecha a izquierda, desde el PRO al Frente Renovador, pasando por el Frente Amplio UNEN, calificaron a la denuncia del gobierno contra la multinacional como "un apriete" para "meter miedo", "una actitud demagógica que traerá consecuencias económicas para el país".
Fuente: Infonews
Martes, 19 de agosto de 2014
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