Economia Chaco debe aferrarse y defender su posición privilegiada en el reparto de la coparticipación federal  Chaco ostenta desde hace tiempo un lugar privilegiado en el ranking de distribución de recursos coparticipables, detrás de las grandes provincias de la pampa húmeda como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Conservarlo ante una eventual reforma del régimen de Coparticipación Federal será el desafío que deberá afrontar la gestión que gobierne, entendiendo que según el método que se aplique la provincia podría perder varias posiciones. Ante el creciente debate por una reforma en el sistema de coordinación financiera entre la Nación y las provincias, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) expone distintos criterios de reparto, basados en indicadores objetivos entre los que podría optarse para dar cumplimiento a los postulados constitucionales de la ley vigente (23.548 del año 1988).
“¿Qué hay para las provincias a la salida del laberinto de la coparticipación?” es el título del documento que lleva las firmas de Ariel Barraud y Valentina Bulgarelli. Allí, según las definiciones de fondo, aplicando diferentes criterios de distribución secundaria (reparto entre los distritos subnacionales), Chaco ganaría en sólo uno de los casos planteados, en base al coeficiente de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Relativo. En el resto perdería si los coeficientes se fijan por reparto en partes iguales, por Producto Bruto Geográfico (PBG), por población, superficie, densidad o inversa densidad, Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), inversa PBG per cápita, Índice de Desarrollo Humano (IDH) y NBI.
Base de objetividad
Según destaca el informe, la Constitución reformada en 1994 estableció la condición de que el nuevo acuerdo de reparto de recursos se construya sobre la base de determinada “objetividad” en el reparto de las rentas fiscales, lo que exigiría elaborar indicadores o parámetros de referencia que impidieran comportamientos oportunistas y arbitrarios.
Siguiendo el espíritu de la reforma constitucional, la nueva ley de coparticipación debiera ser una en la que la distribución contemple una parte devolutiva, donde las jurisdicciones que más aporten a la conformación de la masa coparticipable reciban en proporción, pero también teniendo en cuenta un costado redistributivo, de manera que las provincias logren un desarrollo homogéneo.
Bajo esos parámetros, los especialistas del Iaraf repasan distintos criterios de reparto basados en indicadores objetivos entre los que podría optarse para buscar dar cumplimiento a los postulados constitucionales.
La ley vigente para el reparto asigna a cada provincia un porcentaje fijado en oportunidad de su promulgación, que respeta los criterios de reparto decididos en ese momento. Por lo tanto, no son explícitos en la ley y carecen de objetividad, dando lugar a situaciones de clara inequidad entre provincias.
Los criterios
Entre los distintos criterios aplicables, por sus efectos sobre el reparto se pueden identificar tres. El criterio Proporcional, por el cual se divide el total de recursos coparticipables correspondientes a las jurisdicciones por el número de jurisdicciones existentes.
El criterio Devolutivo, que toma en cuenta que parte de los recursos recaudados por una determinada provincia retornen a ella de manera que el contribuyente sepa que los impuestos que paga serán utilizados en la provisión de servicios públicos en su lugar de residencia. Para aplicarlo, resulta adecuado utilizar variables como el Producto Bruto Geográfico (PBG) o la Población como proxy del nivel de actividad económica que una región genera y por lo tanto aporta a la recaudación. Este indicador también se fundamentaría en la relación existente entre los servicios públicos provinciales y el número de habitantes.
Y finalmente los criterios Redistributivos. Estos métodos apuntan a resolver un problema de equidad distributiva territorial, y se basan en principio de igualdad de oportunidades del ciudadano, independientemente de su localización. Un ejemplo sería el uso de indicadores que reparten de manera inversa del PBG, de la población, o alternativamente del PBG per cápita. También aquí pueden usarse indicadores de superficie y/o de densidad poblacional. Tomar la inversa de la densidad poblacional, por ejemplo, se justifica ya que contempla la situación especial de provincias de baja densidad de población con respecto a la organización de la prestación de sus respectivos servicios públicos.
Coparticipar mayores recursos a las jurisdicciones con mayor porcentaje de NBI obedece también a un criterio redistributivo. Se calcula de acuerdo a la población de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. Este indicador refleja, en alguna medida, la necesidad de cada jurisdicción.
Entre otros indicadores posibles se anotan por un lado la Tasa de Mortalidad Infantil de cada provincia en proporción con el total a nivel país; indicador que refleja, en cierta manera, los requerimientos de fondos de cada una de las jurisdicciones. Por otro lado, otro indicador que tiene en cuenta aspectos redistributivos es el Índice de Desarrollo Humano. Este índice toma en cuenta aspectos de educación (tasa de alfabetización y matrícula combinada), longevidad (esperanza de vida) y el nivel de vida (ingreso familiar per cápita normalizado). Evidentemente, para que dicho índice tenga aspectos de redistribución, se debería efectuar la coparticipación teniendo en cuenta el complemento del índice, de manera tal que las provincias con menor desarrollo reciban mayor coparticipación.
Ganadores y perdedores
En ese contexto, ¿quiénes ganarían y quiénes perderían con la aplicación de los diferentes criterios de distribución secundaria? Ante el planteo, el informe del Iaraf señala que, si se compara cada uno de los criterios posibles de distribución con los coeficientes efectivos que resultaron en 2015, podría observarse justamente que hay provincias que resultan ganadoras respecto la distribución actual (aumentarían su participación en la distribución secundaria) y otras perdedoras en cada una de estas nuevas posibles distribuciones consideradas individualmente.
“Evidentemente señalan los especialistas- no hay indicador objetivo en el que todas puedan ganar, y puede observarse que las provincias de mayor tamaño económico relativo tienden a resultar ganadoras con los criterios devolutivos y perdedoras en general al considerar a los criterios redistributivos. Por lo tanto, resulta evidente la dificultad de obtener el suficiente consenso por parte de todos los actores involucrados para lograr corregir la situación actual”.
Una posibilidad es construir una distribución a través de la combinación ponderada de diferentes criterios objetivos. Por ejemplo, si se considera un indicador que pondere un 50% la población y el restante 50% de los coeficientes calculados a través del indicador de NBI relativo, Buenos Aires recibiría un 21,9% de los envíos de coparticipación a provincias, 2,9 puntos porcentuales superiores al efectivamente recibido en 2015. Por su parte, si bien Santa Fe sería la segunda provincia en recibir fondos, se constituiría en la jurisdicción que más perdería en la nueva distribución de fondos (3,3 p.p.).En este caso, Chaco se ubicaría quinto, perdiendo 0,2 p.p. con respecto a lo recibido el año pasado.
Como una de las alternativas posibles, se puede combinar un criterio altamente devolutivo la participación del PBG provincial en el total con una ponderación de 50% y un criterio redistributivo a través del IDH con un peso de 50% en el índice total. En este caso, las provincias con mayor nivel de producto como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza se ubican como las que más fondos nacionales recibirían, y a la vez Buenos Aires sería la jurisdicción que resultaría más ganadora en la nueva distribución. Para este caso, Chaco estaría todavía más abajo, decimosegundo, con una pérdida de -2,2 puntos porcentuales.
A modo de conclusión, los expertos del Iaraf indican que “el esfuerzo por ir hacia un esquema de reparto de recursos superador al actual debiera considerar las distintas implicancias sobre la economía y las finanzas nacionales y provinciales”. “En el proceso acotan- los diferentes actores tendrán intereses comunes y contrapuestos, dependiendo de qué etapa de la distribución se abre a debate. En cada caso, será relevante contar con la información que permita efectuar un reparto objetivo y poder proyectar los recursos con los que se contará para llevar a cabo las actividades de prestación de bienes y servicios públicos”.
Fuente: diarionorte
Lunes, 22 de febrero de 2016
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