Economía Protección del trabajo y el sostenimiento del consumo 
El control de precios que comenzó a regir ayer muestra la intención de defender el poder adquisitivo de los sectores populares. Mientras tanto, el desafío sigue siendo la lucha contra el trabajo informal.
En medio de una oposición política, dispersa y sin rumbo, sumada al feroz e incesante hostigamiento por parte de los grupos hegemónicos de comunicación al gobierno nacional, la Presidenta ratifica la decisión de profundizar el rumbo trazado a través de medidas destinadas a proteger el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos y sostener el consumo, avanzando a contrapelo de las propuestas del arco opositor y mediático que reclama la aplicación de medidas ortodoxas para combatir la inflación y reducir el gasto publico. Las medidas oficiales se aplican en dos frentes clave: por un lado, en la implementación de acuerdos de precios, iniciada en el mes de febrero, que a partir de ayer se extiende con el congelamiento de 500 productos de consumo masivo. Es de destacar que entre los precios acordados no se encuentra el pan de panadería, que debiera ser considerado a incluir en acuerdos por cuerda separada con el sector panadero. Asimismo, la ausencia de publicación de avisos oficiales, informando la lista de productos, precios, supermercados y lugares donde el consumidor puede reclamar su incumplimiento el mismo día del comienzo del acuerdo de precios congelados no resulta una omisión menor, teniendo en cuenta la maquinaria desinformativa dirigida a esta decisión política.
En el caso del control de precios, boicoteado y ridiculizado por la constante desinformación mediática, su impacto viene arrojando resultados superiores a los esperados. La baja de los indicadores inflacionarios que mide la provincia de Santa Fe, gobernada por la oposición, como de algunas consultoras privadas, arroja proyecciones que desmoronan las anunciadas por esas mismas consultoras privadas a principios del corriente año Por otro lado, a través del reciente aumento del 35% en las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que representa un total de 18.000 millones de pesos que se volcarán al consumo directo, representando un importante impacto en términos redistributivos.
Fuente:Infonews
Domingo, 2 de junio de 2013
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