blanqueo Advierten que para ser un éxito, el sinceramiento fiscal debe tener controles  En la Argentina las normativas en materia de prevención de lavado de activos está a la altura de las buenas prácticas internacionales, pero la gran falencia es su cumplimiento y el rigor de los controladores. "A nivel normativo la Argentina tiene herramientas bastante similares con las denominadas buenas prácticas internacionales en prevención de lavado de activos" pero "el regulador todavía no es exigente en el cumplimiento, y eso se convierte en la gran falencia del sistema", advierte el analista, socio de la consultora estadounidense Kroll.
Sobre la suerte del blanqueo que encara el Gobierno, el especialista entendió que el proyecto "es necesario y está en concordancia con lo sugerido por los organismos internacionales" que anticipan para 2017 un esquema de mayor complejidad para el lavado de activos mediante un esquema de reciprocidad de información entre más de 100 países.
"La exteriorización si bien tiene un costo, la gente evalúa el riesgo de someterse a futuro a una investigación administrativa o judicial", y en ese sentido consideró que un blanqueo de u$s 20.000 millones -tal como estimó el gobierno oportunamente- es muy posible de cumplir, y multiplicaría al menos por cuatro a los casi u$s 5.000 millones del proceso anterior durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Amirante, admitió que "el riesgo inherente a todo blanqueo es que entre dinero de otras actividades ilícitas", pero recordó que "el proyecto sólo propone condonar aquellos impuestos que no se pagaron oportunamente". El proceso de sinceramiento impositivo abierto en la Argentina "sólo perdona evasión impositiva, no otros delitos que no quedan exentos de investigación" por reñirse con las normas de lavado de activos provenientes de otros ilícitos.
Reducir esa brecha entre la normativa y el efectivo control de su cumplimiento es, para Amirante, lo que marcará el éxito del blanqueo de capitales que se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados al afirmar que "de no consolidarse las normas y el control en lugar de ser un paso adelante en la prevención de lavado de activos lo será solamente en materia de recaudación".
"En el pasado los sujetos obligados (bancos, casas de cambio, sociedades de bolsa, etc) veían que las sanciones que la Unidad de Información Financiera (UIF) y demás organismos de control estaban más vinculadas a temas políticos que de apartamientos de la normativa", opinó el especialista en diálogo con Télam desde San Pablo.
Pero Amirante reconoce que "adecuarse a la normativa de prevención de lavado de activos le implicará a las empresas y sociedades tener que sacar a muchos clientes de sus carteras, por lo que no sólo deberán enfrentar el costo de implementarlo sino de resignar parte de sus ganancias que se verán mermadas por la disminución de sus carteras".
Siguiendo la referencia al caso argentino, el directivo de Kroll planteó que "en el país, si bien se mantiene lejos del ideal, cada vez se invierte más en fortalecer los controles, sobre todo porque empiezan a verse los efectos de las sanciones locales e internacionales que hacen preferible no exponerse a un nivel de riesgo cuyo costo sería demasiado elevado".
El analista, en ese sentido, atribuye buena parte de la complejidad local a que "los argentinos culturalmente están formados con el concepto de que siempre hay que tener un dinero en negro, lo que se refuerza por una economía marcada por una informalidad muy grande y los controles reguladores que siguen permitiendo grandes volúmenes de dinero informal".
Domingo, 19 de junio de 2016
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